El gran timo del CETA, Acuerdo global económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá

A pesar del rápido proceso en el Parlamento Europeo para que se vote el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá, y las siguientes posibles disputas sobre su ratificación por los Estados miembros de la Unión Europea, el CETA continúa levantando enormes críticas. Una mirada cercana al texto del acuerdo -y las recientes declaraciones diseñadas para tranquilizar a los críticos y obtener más respaldos para su ratificación- demuestra que las preocupaciones sobre el CETA tienen un sólido fundamento.

Más allá de las tentativas realizadas por el gobierno de Canadá y la Comisión Europea para vender el CETA como un acuerdo progresista, éste sigue siendo lo que siempre ha sido: un ataque a la democracia, los trabajadores y el medio ambiente. Sería un gran error ratificarlo.

A ambos lados del Atlántico, el CETA (acuerdo global económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá) es enormemente discutido. Un record de 3,5 millones de personas, de una punta a otra de Europa, firmaron la petición contra el CETA y su tratado gemelo el TTIP (tratado transatlántico de comercio inversiones). Sindicatos europeos y canadienses, así como consumidores, grupos de defensa del medio ambiente y la sanidad pública y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) rechazan dicho acuerdo. Tanto en Alemania como en Canadá se presentaron dudas acerca de la constitucionalidad del CETA ante los tribunales. El Tribunal de Justicia Europeo podría juzgar la compatibilidad con el derecho comunitario de los controvertidos privilegios, otorgados por el CETA, a los inversores extranjeros.


El Ceta no pasa la «prueba de choque» de los consumidores… El acuerdo contiene disposiciones que podrían socavar los niveles actuales y futuros de protección a los consumidores. 

Organización europea de consumidores BEUC

La controversia ha alcanzado también a gobiernos y parlamentos. A través de Europa, más de 2.100 gobiernos locales y regionales se declararon zonas libres del TTIP/CETA, a menudo con resoluciones consensuadas por varios partidos. Algunos parlamentos nacionales han mostrado su preocupación por el CETA, por ejemplo en Bélgica, Francia, Austria, Eslovenia, Luxemburgo, Irlanda y los Países Bajos. En octubre de 2016, la inquietud que surgió en cuatro parlamentos subregionales belgas, y especialmente en Valonia, sobre los impactos negativos del acuerdo, y en particular, sobre los peligrosos privilegios para los inversores extranjeros, casi hizo que el gobierno federal no aprobase la firma del CETA.


Os felicitamos por vuestra fuerte declaración contra el CETA a pesar de la enorme presión ejercida para que abandonéis vuestra posición de principios… Vuestro análisis del CETA pone de relieve las inquietudes compartidas por muchas organizaciones de la sociedad civil canadiense, incluida la nuestra.

National Farmers Unión de Canadá, carta al pueblo de Valonia y a sus representantes.

Un blanqueo del CETA que difama a los críticos

Durante los meses pasados y para tratar de salvar el proceso de ratificación del CETA, los negociadores oficiales europeos y canadienses comenzaron una propaganda masiva. Enmarcaron el CETA como «un acuerdo comercial muy progresista» (comisaria europea de comercio Cecilia Malmström) que «configurará la globalización» a la medida de los principios del «comercio justo» y en el interés de los trabajadores (ministro alemán de Relaciones Exteriores Frank-Walter Steimmer). Los críticos del acuerdo fueron estigmatizados como los «hooligans contra el comercio» (presidente del Consejo Europeo Donald Tusk) que viven en una «realidad pos-factual» (de nuevo Tusk), «avivando las preocupaciones y temores, que el actual texto del CETA no justifica (miembros conservadores del Parlamento Europeo, Daniel Caspary y Elmar Brok). Gran parte de los medios se han unido a los defensores del CETA, y declaran que «muchas críticas, que podrían estar justificadas para el TTIP, no tienen cabida en el CETA» (web de noticias alemana SpiegelOnline). Cuando el gobierno valón, después de 70 horas de consultas públicas sobre el CETA en su parlamento, retrasó la ratificación del CETA, los comentaristas de los medios vapulearon dicha actuación diciendo que estaba «basada en una oposición general a la globalización que juega principalmente con las emociones y que ignora mayoritariamente los hechos». El presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Bernd Lange, calificó al llamamiento de Valonia, para la renegociación del CETA, como «otro paso hacia la destrucción de la Unión Europea».


¿Cuál es el nuevo concepto favorito de los medios para menospreciar a la gente que se opone a estos acuerdos? Aislacionismo

Murray Dobbin, periodista canadiense

Declaraciones engañosas

La última jugada de los partidarios del CETA constituye la enorme cantidad de 39 declaraciones y posicionamientos que acompañan al texto del acuerdo. Estos textos están diseñados para disminuir las inquietudes de los socialdemócratas, los sindicatos y un público más amplio que teme que el CETA amenace los servicios públicos, el empleo y los estándares ambientales, y socave el derecho de los gobiernos a regular en pro del interés público. Pero, en realidad, esas declaraciones no hacen nada para corregir los defectos del CETA.

Excepto una declaración, todo lo demás es unilateral. Esto incluye un comunicado de Bélgica (consensuado entre el gobierno federal y los gobiernos regionales para superar el retraso, debido al gobierno valón, del proceso de ratificación) y un documento de la Comisión Europea y del Consejo de la UE sobre los controvertidos derechos de los inversores en el CETA. Como ha señalado el Centro de Estudios de las Políticas Europeas (CEPS), estas declaraciones unilaterales «no ofrecen una interpretación vinculante del CETA… ni tampoco constituyen actos europeos vinculantes» En otras palabras no tienen ningún peso legal.


Desgraciadamente, el «instrumento» interpretativo adjunto al CETA es mayormente un ingenioso engaño.

Scott Sinclair y Stuart Trew, Canadian Center for Policy Alternativas

Timo 1: El CETA protege los derechos de los trabajadores.

La Comisión Europea alaba el CETA por las “fuertes normativas que protegen los derechos“.

En realidad las protecciones laborales del CETA son bastante pobres. El Capítulo 23 sobre comercio y trabajo está lleno de buenas intenciones, “la parte no fallará en reforzar la ley y estándares laborales de manera efectiva para promover el comercio y la inversión” (artículo 23.4.3)

Sin embargo, no existe ninguna sanción bajo el CETA si los países de la UE, Canadá o las compañías operando en los mismos violan una disposición de este tipo. Al contrario de lo que ocurre con otras partes del texto -como donde se habla de los derechos de los inversores extranjeros- las normas laborales del CETA no se refuerzan a través de sanciones comerciales o financieras (artículos 23.10 y 23.11.1) Una violación de los derechos laborales bajo el CETA tendría como consecuencia un proceso no vinculante de discusiones y recomendaciones.

¿Cambian algo alguna de las 39 declaraciones que acompañan el CETA ahora? No.


Nosotros respaldamos a los trabajadores europeos y a los miembros de la sociedad civil organizada en Alemania, Austria y Bélgica y allí donde se resiste al CETA, el cual tiene las mismas disposiciones que podemos encontrar en el TTIP.

Linda Silas, Presidenta de la Federación Canadiense de los Sindicatos de Enfermería.

Los sindicatos europeos y canadienses han propuesto un protocolo para hacer las regulaciones laborales del CETA efectivas y reforzarlas. Este tema es importante ya que temen que el CETA pueda poner en peligro sus estándares laborales (ya que los empleadores pueden relocalizar el capital allí donde los estándares laborales son más débiles y laxos).

La experiencia anterior con los capítulos que no refuerzan los estándares laborales hallados en otros acuerdos comerciales de la UE (como los encontrados con Colombia y Corea) muestran que la Comisión Europea no toma parte en los casos donde hubo flagrantes violaciones de derechos laborales muy bien documentadas por los movimientos que defienden estos derechos.

Si hacemos eco de las peticiones de los sindicatos así como de los socialdemócratas de Alemania, ambos han subrayado que “para conseguir un consenso sobre el CETA un mecanismo sancionador debe desarrollarse en relación a las violaciones cometidas contra los estándares laborales, sociales y medioambientales.


Mientras a los sindicatos se les ofrecen revisiones y seguimiento, a los inversores extranjeros se les ofrecen tribunales especiales que pueden pedir compensaciones millonarias en dólares o euros.

Owen Tudor, Congreso Británico de Sindicatos (TUC), declaración sobre el documento interpretativo conjunto del CETA.

Las afirmaciones que acompañan al CETA son como una bofetada en la cara. Ningún Estado miembro mejoró los estándares laborales en sus declaraciones unilaterales. Y muchas partes del “documento interpretativo” fueron una mera repetición del mismo lenguaje vago que encontramos en el CETA, por ejemplo, que la UE y Canadá “no pueden flexibilizar sus leyes laborales para promover el comercio o atraer la inversión” (artículo 8ª).

El documento también admite que las protecciones laborales del CETA son de hecho protecciones que no refuerzan porque su promesas son una “revisión temprana” del capítulo laboral de CETA con intención de llegar a un “refuerzo efectivo” (artículo 10ª). Pero, realmente, ¿podemos tomar tal intención en serio después de cinco años de negociaciones y dos años de escrutinio legal del texto CETA, que ha tenido una amplia respuesta de los sindicatos pero sin llegar a cambios substanciales? El Movimiento Canadiense por la Justicia Comercial, que representa a todos los sindicatos de Canadá, el Congreso Laboral Canadiense y numerosas ONG, no parece que tengan grandes esperanzas. Ha considerado el documento conjunto como “una declaración de condescendencia arrogante” a la luz de las enmiendas muy específicas propuestas por los defensores de los estándares laborales.

El bajo estatus de los derechos laborales en el CETA podría tener serias implicaciones. Muchas partes del acuerdos podrían dañar seriamente los derechos ganados con tanto esfuerzo por los trabajadores y los sindicatos: el capítulo sobre contratación pública del CETA podría llevar a cuestionamientos legales cuando las autoridades públicas ligan sus prácticas de compras a criterios sociales, como el salario mínimo interprofesional o la necesidad de conformidad a los convenios colectivos; los privilegios de los inversores extranjeros en el CETA podrían llevar a costosas demandas contra los Estados cuando estos no intervengan en huelgas de larga duración o cuando los gobiernos regionales establezcan niveles mínimos de personal en hospitales o residencias de ancianos; y el debilitamiento de la regulación local podría suponer nuevos obstáculos en los esfuerzos por asegurar que los proveedores de servicios se atienen a las normas laborales. La lista puede continuar (ver “Making Sense of CETA” para un mayor análisis de los diferentes capítulos del CETA).

Finalmente, el CETA es probable que lleve a pérdidas significativas de puestos de trabajo. De acuerdo con el estudio llevado a cabo en septiembre de 2016 por la Universidad de Tufts, podrían llegar a perderse 230.000 puestos de trabajo en total. Esto podría desacelerar el incremento salarial y para el 2023 los trabajadores podrían haber perdido unos ingresos medios anuales de 1.776€ en Canadá y entre 316€ y 1.331€ en la UE (dependiendo del país). Los investigadores también predicen un incremento peligroso de las desigualdades, donde los beneficios del CETA irían sobre todo a los dueños de capital, no a los trabajadores. Estos pronósticos reflejan la experiencia de acuerdos de comercio previos, tales como el NAFTA, Acuerdo Norteamericano de Libre comercio (Evaluación de la Confederación de sindicatos de los Estados Unidos AFL-CIO).


Ya es hora de que los políticos responsables de Europa y Canadá se den cuenta de que la liberalización del comercio no trae consigo necesariamente la creación de más puestos de trabajo sino que conlleva un alto riesgo de pérdida de bienestar, aumento de la desigualdad y fragmentación social, todo lo cual conlleva una oleada de descontento.

Economistas Servass Storm y Pierre Kohler.

Así que, en lugar de proteger a los trabajadores como dicen, el CETA promueve la concentración de riqueza y poder de muy pocos a expensas de los trabajadores. A estos solo se les ofrece retórica para hacerles sentir bien. Los documentos y declaraciones adicionales al CETA no han hecho nada para cambiar esta situación.

Timo 2: El CETA es un buen acuerdo para el medio ambiente.

Según la Comisión Europea, el CETA contiene «unas estrictas normas sobre la protección del medio ambiente»

Sin embargo, la protección que aparece en el texto del CETA es débil. Como en el capítulo sobre el trabajo, el capítulo 22 sobre desarrollo sostenible y el capítulo 23 sobre comercio y medio ambiente, todos contienen frases con un lenguaje bastante blando como que «el comercio apoya el desarrollo sostenible», o que «el comercio favorece la protección del medio ambiente» y así sucesivamente. Pero como en el capítulo sobre empleo, las previsiones del CETA sobre el medio ambiente deberían ser reforzadas con sanciones comerciales o financieras si hubiera violación de las normas. Las víctimas de los abusos ambientales no pueden presentar una demanda.

El CETA tampoco incluye previsiones que podrían permitir que se implanten en forma urgente políticas ambientales y climáticas, que anulasen o invalidaran normas del CETA que podrían poner en peligro esas políticas, o en todo caso, que hubiera una exención de las normas de dicho tratado..

Hay muchas normas en el CETA que harían todavía más difícil la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente: Los derechos de los inversores en el CETA podrían desencadenar costosos pleitos de las compañías contaminantes si el gobierno prohibiera o regulara minas contaminantes o quisiera eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Las liberalizaciones del CETA en el sector agrícola y la escasa protección para unos estándares altos en la producción de alimentos expandirían el modelo de agroindustria que ya está destruyendo el planeta.

Las leyes sobre contratación pública del CETA podrían ser utilizadas para eludir los criterios ambientales en las compras públicas; bajo las previsiones de la cooperación reguladora del CETA, una serie de complejos y opacos procedimientos que podrían

llevar a una «cruenta lucha» en el campo de la protección ambiental y a una inacción en el futuro. Y como el CETA estimula aún más el comercio, la producción y la extracción, se supone que aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero. (Making Sense of CETA para un análisis de los diferentes capítulos del CETA).


El CETA va en la dirección opuesta a nuestro compromiso internacional para limitar el calentamiento global por debajo de un aumento de 2 ºC.

Los ambientalistas Nicolas Hulot, de Francia, David Suzuki de Canadá y Karen Mayrand de Québec.

¿Entre las muchas declaraciones que ahora acompañan el texto del CETA hay alguna que pueda reducir las amenazas de este tratado contra el medio ambiente? Realmente no.

El «instrumento interpretativo» de la UE-Canadá se refiere a los compromisos presuntamente completos y vinculantes sobre la protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente (artículo 7b) Pero en forma similar al texto del CETA no contempla nada para que estos enunciados sean ejecutables. Indirectamente, el instrumento admite que la protección del medio ambiente en el CETA es un tigre de papel cuando promete una «revisión en poco tiempo» del capítulo sobre medio ambiente «con la intención» de permitir su «efectiva ejecución» (artículo 10 a). Pero debemos plantear la pregunta de nuevo: ¿Puede ésta ser una promesa seria después de cinco años de negociaciones y dos años de revisión legal del texto del CETA, en donde se ignoró una amplia información sobre la aplicabilidad de las previsiones sobre medio ambiente y trabajo, por ejemplo respecto a los sindicatos?


Es posible que la actual y la futura regulación de la UE sobre la protección de la salud, el medio ambiente y los consumidores será más difícil según los proyectos de acuerdo CETA y TTIP. El principio de precaución de la Unión Europea y su futura aplicación no están suficientemente afianzados y amparados en los textos de los tratados.

Profesor de derecho Peter Tobias Stoll de la Universidad de Göttingen

De acuerdo al principio de precaución, los grupos de consumidores y ambientalistas arremetieron contra el «instrumento interpretativo« tratándolo de «chiste malo». Este principio está consagrado en los tratados de la UE y permite que los responsables de las políticas, por ejemplo, prohíban un producto si se sospecha que pueda ser un riesgo y causar daños, pero no un indiscutible consenso científico. El texto del CETA no menciona el principio de precaución, pero se refiere a su opuesto, el enfoque, supuestamente basado en la ciencia, en el que un riesgo debe ser inequívocamente probado antes de que el producto pueda ser prohibido (artículos 24.11.2c y 25.2.2b)

En lugar de amparar el principio de precaución en el instrumento interpretativo adjunto al CETA, la UE y el Canadá «reafirmaron sus compromisos respecto al principio de precaución que se habían tomado en los acuerdos internacionales» (artículo 1d). Los Amigos de la Tierra de Alemania (BUND) le comunicó al Corporate Europe Observatory que esta referencia a los acuerdos internacionales (que incluye, por ejemplo, la OMC, Organización Mundial del Comercio) podría incluso empeorar los impactos del CETA sobre las medidas de precaución. La OMC solamente permite acciones provisionales bajo el principio de precaución: una de las razones por las que la UE perdió algunas demandas en la OMC presentadas por Canadá contra la prohibición de importación de carne hormonada y por su estricta política sobre los organismos genéticamente modificados. Por lo tanto, vemos que el instrumento interpretativo reafirma los tratados bajo los que la UE perdió demandas cuando aplicó el principio de precaución, por lo que BUND argumenta que es una «farsa absurda».


Si los políticos dicen que el CETA es el patrón oro para el comercio internacional, están censurando sus funestos errores. Con el CETA, lo dorado se vende como oro.

Matthias Flieder, del grupo ambientalista de Greenpeace

En una declaración unilateral separada (número 7 en el acta del Consejo), la Comisión Europea estableció que «nada en el CETA previene la aplicación del principio de precaución en el Unión Europea tal como está establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Los expertos canadienses en comercio Scott Sinclair y Stuart Trew han argumentado que esa es una «circular cínica puesto que las medidas de precaución que violarían las normas del CETA con respecto a las inversiones, las regulaciones nacionales, el comercio de servicios transfronterizo, las barreras técnicas al comercio, etc., podrían entrar en litigios con inversores agraviados o con el Estado canadiense.»  Para hurgar en la llaga, declaraciones unilaterales como «no otorgan una interpretación vinculante del CETA… ni tampoco constituyen actos vinculantes de la UE».

En resumen, la retórica a favor del medio ambiente a propósito del CETA es bastante hueca y nada significativa. Es solamente un intento de hacer más verde un tratado que contiene amenazas reales para el medio ambiente y para poder ejercer una acción enérgica para salvar el planeta del desastre climático.

Timo 3: Los derechos de los inversores en el CETA amparan el derecho a regular para proteger el medio ambiente, la salud y otros intereses públicos.

Según la Comisión Europea «el CETA garantiza la protección para las inversiones consagrando el derecho de los gobiernos a regular a favor del interés público, incluso cuando dichas regulaciones afecten a los inversiones extranjeros.»

El punto crítico que falta en esta declaración es, nuevamente, que al tiempo que las partes mantienen el derecho a regular, sus regulaciones deben ser conformes a las obligaciones y compromisos planteados en el CETA. Y el capítulo 8 del CETA sobre inversiones contiene los mismos derechos «fundamentales» de amplio rango para los inversores extranjeros que los que existen en los tratados internacionales que han sido las bases legales de cientos de litigios de inversores en contra de los Estados, y que incluyen demandas en contra de regulaciones para la protección de la salud, el medio ambiente y otros asuntos de interés público. Hay ejemplos que incluyen la protección contra la expropiación directa e indirecta (artículo 8.12) y el trato justo y equitativo (artículo 8.10)

Con estos amplios derechos corporativos, muchos ataques de grandes inversores podrían llevarse a cabo bajo el CETA. Hay ejemplos de casos anteriores, como el de la compañía Vattenfall que demandó a Alemania por 1.400 millones de euros porque la ciudad de Hamburgo impuso nuevos estándares ambientales a una planta térmica de producción de electricidad —que había sido montada con el asentimiento del gobierno federal de Alemania que consentía regulaciones más bajas— o la compañía minera Bilcon con una demanda contra Canadá de 101 millones de dólares por el rechazo a la construcción de una gran cantera, debido a su negativo impacto social y negativos efectos ambientales (litigio que perdió Canadá).


A la vista de la enorme cantidad de inversiones transatlánticas y los flujos correspondientes, introducir la protección de los inversores extranjeros en el TTIP y en el CETA llevará potencialmente a un gran número de demandas inversor – Estado, y subsecuentemente a altos gastos legales y a miles de millones en indemnizaciones pagados por los presupuestos públicos.

Declaración de 101 profesores de derecho provenientes de 24 países de la UE que se oponen a los derechos de los inversores que establecen el CETA y el TTIP.

Bajo el CETA, los tribunales que juzgan esas reclamaciones no podrían ordenar a los gobiernos aplazar o rehacer una ley (artículo 8.39.1), pero no hace falta mucha imaginación para ver que, al permitir que las multinacionales demanden sumas vertiginosas como compensación por decisiones públicas, los derechos de los inversores en el CETA podrían hacer que los políticos fueran reticentes a promulgar unas deseables salvaguardas si éstas se opusieran a las grandes empresas. Hay ejemplos de regulaciones que produjeron esos litigios, como el antes mencionado entre Alemania y Vattenfall o el aplazamiento de la ejecución de las leyes antitabaco en Canadá y Nueva Zelanda por las amenazas de litigio y de demandas reales de las grandes tabaqueras.

¿Las declaraciones que acompañan ahora al CETA cambian esto? La respuesta es no.


¿Cómo reaccionarán los gobiernos cuando se vean enfrentados a un incluso pequeño riesgo de perder un litigio en el marco del CETA? Si las sumas que se barajan son de millones o miles de millones de dólares, se puede esperar que cualquier gobierno responsable se lo piense dos veces ante ese riesgo.

Gus van Harten, profesor de derecho en la Osgoode Hall Law School

El «instrumento interpretativo» UE-Canadá establece que «el CETA aclara que los gobiernos pueden cambiar sus leyes, independientemente de que estos cambios puedan afectar negativamente a las inversiones o a las expectativas de los inversores o ganancias» (artículo 6b). Nuevamente, esto evita la crítica del capítulo del CETA sobre inversiones. Como explica el profesor de derecho canadiense Gus van Harten: «El problema no es que el CETA impida totalmente poner en marcha leyes y regulaciones. Lo que pasa es que el CETA podría hacer algunas leyes y regulaciones demasiado arriesgadas para ser aplicadas al ponerles un incierto alto precio… Y es la realidad del riesgo -un no despreciable riesgo de una potencial responsabilidad masiva del Estado- lo que otorga a los inversores extranjeros su especial poder de negociación para socavar las regulaciones democráticas.»

Además, el «instrumento interpretativo» contiene una larga lista de engañosas y a veces objetivamente erróneas declaraciones en la parte de inversiones en el CETA. Por ejemplo, se establece que:

  • «El CETA no provocará que los inversores extranjeros tengan un trato más favorable que los nacionales» (artículo 6.a). Sin embargo, el CETA permite solo a los inversores extranjeros eludir los tribunales nacionales y lleva a los Estados directamente a tribunales paralelos, mientras que las empresas nacionales no tienen ese privilegio.
  • «El CETA incluye estándares de protección de inversiones netamente definidos… y provee una guía clara para los tribunales de resolución de litigios sobre cómo esos estándares deberían ser aplicados» (artículo 6c). Y eso no es cierto. Muchas de las previsiones sobre inversiones en el CETA son ambiguas y dejan un amplio margen para la interpretación, abriendo la puerta a fallos imprevisibles de los tribunales. (Gus van Harten trata varios ejemplos en su análisis del instrumento interpretativo)
  • «El CETA aclara que cualquier compensación debida a un inversor estará basada en una determinación objetiva del tribunal y no será mayor que la pérdida sufrida por el inversor» (artículo 6b). Esto debería ser leído como una garantía de que los inversores solo serán compensados por el dinero que realmente gastaron en el proyecto. Pero de acuerdo a la extensa jurisprudencia en estos casos, los beneficios esperados se toman generalmente como «pérdidas sufridas por el inversor». Esto significa que los tribunales del CETA podrían ordenar a los Estados a pagar cantidades ilimitadas en compensaciones, ya que incluirían las pérdidas de los futuros beneficios esperados por el inversor (como en el caso de Libia, a la que se le ordenó pagar 900 millones de dólares por los «beneficios perdidos» de un proyecto turístico, aunque el inversor solo había invertido 5 millones de dólares y la construcción no había ni siquiera comenzado).

Es un serio inconveniente que los derechos de los inversores se refuercen mediante procedimientos internacionales adicionales, cuando la solución de otros problemas debería ser la prioridad máxima: por ejemplo, el mayor fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.

Confederación de Sindicatos Alemanes DGB

Por lo tanto, más que amparar el derecho a regular, como declaran los partidarios del CETA, éste hará que los gobiernos tengan que pagar cuando regulen, aunque sea para proteger el medio ambiente, la salud u otros asuntos de interés público. Y esta simple amenaza es un medio seguro para intimidar a los gobiernos y que se produzcan recortes en nuevas y deseables políticas.

Timo 4: El CETA protege servicios públicos como la sanidad y el agua.

En Septiembre de 2016, la Comisaria Europea de Comercio Cecilia Malmström aseguró al Parlamento Austriaco (y también al belga en términos casi idénticos): “¿Qué pasa con los servicios públicos (aquí llamados “Daseinsvorsorge”) como la sanidad? Este acuerdo los protege. Sin ambages. Las autoridades públicas -locales, regionales y nacionales- seguirán teniendo total libertad para organizar los servicios públicos como quieran. Nadie tiene obligación de privatizar nada. Y los servicios que ya han sido privatizados pueden ser nacionalizados de nuevo.”

Sin embargo, el texto concreto del CETA es muy peligroso para los servicios públicos.

Probablemente la mayor amenaza para los servicios públicos proviene de los amplios derechos que el CETA reconoce a los inversores extranjeros en su capítulo octavo. Canadá, la Unión Europea y sus Estados miembros han insertado reservas y excepciones en el CETA, pero ninguna de ellas se aplica a las disposiciones para la solución de conflictos entre inversores y Estados (capítulo 8, sección F). Y tampoco se aplican a las cláusulas más peligrosas de protección de inversores, como la expropiación (artículo 8.12) y el trato justo y equitativo (artículo 8.10). Esto hace que la normativa reguladora de servicios públicos de referencia, como la educación, el agua, la salud, el bienestar social y las pensiones, esté expuesta a todo tipo de costosas demandas de inversores.

En todo el mundo, la regulación de los servicios públicos ha sido objeto de demandas de inversores contra los Estados. Cuando Argentina, en respuesta a la crisis económica de 2001-2002, congeló las tarifas del agua y la energía para garantizar que la población accediera a estos servicios, el país sufrió numerosas demandas. Estonia está actualmente defendiéndose de una demanda de 90 millones de euros por su negativa a incrementar las tarifas del agua. Y Eslovaquia ya ha sido emplazada a pagar 22 millones de euros, más intereses y costas, porque en 2002 el gobierno revirtió las políticas de privatización de la sanidad de la administración precedente y exigió a las aseguradoras privadas que operasen sin ánimo de lucro.


Los operadores públicos de agua no están excluidos claramente del CETA. Decimos ‘no’ al texto del CETA.

Asociación alemana de operadores públicos de agua

Por lo tanto, cuando la comisaria Malmström asegura que “los servicios que ya han sido privatizados pueden ser nacionalizados de nuevo” bajo el CETA, está obviando el problema central. Porque los gobiernos pueden terminar pagando millones como compensación a los inversores extranjeros. La decisión se adoptará por un panel de árbitros con ánimo de lucro (no por jueces independientes), se basará en los privilegios desmedidos que el CETA garantiza a los inversores (no en la Constitución del país, que tiende a equilibrar los derechos de propiedad), y puede incluir indemnizaciones por pérdidas o por lucro cesante (que según la mayoría de Constituciones rara vez son indemnizables). Ante un riesgo tan incalculable, los gobiernos pueden renunciar a reintegrar los servicios en la esfera pública incluso si las privatizaciones anteriores han fracasado. Esto puede amenazar la tendencia creciente a municipalizar los servicios de agua (en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, y Hungría) redes eléctricas (en Alemania y Finlandia) y de servicios de transporte (en Gran Bretaña y Francia), y también los potenciales retrocesos de algunas de las privatizaciones fallidas en el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) que refuerzan a los agentes de salud sin ánimo de lucro.

Pero el capítulo sobre inversiones del CETA no es el único peligro para los servicios públicos. El capítulo nueve, sobre servicios comerciales, también incluye obligaciones que pueden ilegalizar las reversiones en las privatizaciones y limitar la libertad de las autoridades para “organizar los servicios públicos como quieran”, proclamada por Malmström. Porque las reservas que Canadá, la UE y sus Estados miembros han planteado en relación a los servicios públicos son limitadas. Y gracias al enfoque “de lista negativa” de gran alcance que aplica el CETA para liberalizar los servicios públicos, cada sector de servicios y medidas conexas que no estén explícitamente excluidos de los compromisos del CETA están automáticamente incluidos en su ámbito de aplicación.

Tres ejemplos ilustran lo que esto podría suponer en la práctica:

  • Las reglas de acceso a los mercados del capítulo de servicios del CETA pueden obstaculizar los esfuerzos para establecer niveles adecuados de personal en hospitales o residencias de ancianos. La normativa sobre el número mínimo de trabajadores por cama o por paciente puede interpretarse como cuotas numéricas, prohibidas por el CETA (artículo 9.6).
  • En virtud del CETA, 11 miembros de la UE han optado por liberalizar los cuidados de larga duración, tales como las residencias de ancianos (Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Gran Bretaña). Esto puede entorpecer las medidas que protegen el sector contra las estrategias de liquidación de activos de los inversores financieros, como las que condujeron al colapso del operador de asistencia a domicilio Southern Cross en Gran Bretaña. Un modelo de negocio insostenible de venta y arrendamiento financiero condujo a Southern Cross a la bancarrota, causando trastornos a miles de personas mayores.
  • En cuatro provincias, Canadá ha realizado reservas en el CETA sobre los seguros públicos de automóvil, que según los grupos de consumidores benefician a los conductores por sus costes reducidos y brindan mayores indemnizaciones a los heridos graves. Otras provincias no pueden establecer seguros públicos de automóvil sin violar las obligaciones de acceso a los mercados del CETA.

Ninguna manipulación puede ocultar que estos acuerdos comerciales suponen beneficios para las empresas más grandes del mundo, pero destruyen empleo y servicios públicos para la gente normal.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)

¿Contiene el “instrumento interpretativo conjunto” de Canadá y la UE alguna protección de los servicios públicos? De nuevo, la respuesta es no.

Existen ejemplos de lenguaje legal que protegen eficazmente los servicios públicos. En Febrero de 2016, la Cámara del Trabajo de Viena y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) publicaron un estudio que contiene “modelos de cláusulas para excluir a los servicios públicos de los acuerdos de comercio e inversión”. Una de las cláusula comienza así: “Este acuerdo no se aplica a los servicios públicos ni a las medidas que regulen, presten o financien servicios públicos”. Sigue una extensa definición de servicios públicos (término que por cierto no se encuentra en ningún lugar del CETA).

El “instrumento interpretativo” del CETA de Canadá y la UE no incorpora un lenguaje tan claro. Por el contrario, contiene afirmaciones engañosas que eluden los problemas clave del CETA, aunque suenan tranquilizadoras para personas inexpertas en el tema. Por ejemplo, el artículo 4 del instrumento interpretativo reitera que el CETA no “impedirá a los gobiernos que presten servicios públicos que anteriormente prestaran proveedores de servicios privados, ni les impedirá que los servicios que habían decidido privatizar vuelvan a ser públicos”. Sin embargo el CETA va a hacer que estas nacionalizaciones sean potencialmente demasiado costosas, y por tanto demasiado arriesgadas como para llevarlas a cabo. También expone en su artículo 11 que “el CETA no impedirá que se revoque una decisión para permitir el uso comercial del agua” (mientras que, una vez más, el CETA va a hacer que estas revocaciones sean potencialmente demasiado caras y arriesgadas como para asumirlas).


La declaración infravalora las barreras que supone el CETA para los servicios públicos

Gus van Harten, profesor de derecho de la Osgoode Hall Law School, sobre el instrumento interpretativo común

En resumen, el CETA limita gravemente las capacidades gubernamentales para crear, expandir, restablecer y regular los servicios públicos. Esto supone una amenaza para los derechos de las personas a acceder a servicios básicos como el agua, la atención sanitaria y la energía, al igual que amenaza las condiciones laborales en estos sectores. Pretender que el CETA protege los servicios públicos sin realizar cambios en las disposiciones del acuerdo que apuntan en dirección contraria resulta cuanto menos ilusorio,.

Timo 5: El CETA establece un tribunal independiente para dirimir los conflictos inversor-Estado

La UE afirma que el CETA establece un sistema de tribunales independientes (transformados en una corte de inversores con representantes de las partes), que dirimirán las controversias entre los inversores, Canadá, la UE y sus estados miembros de forma “imparcial”.

La sección 8 del capítulo F del CETA, sobre “resolución de conflictos entre inversores y Estados” garantiza a las corporaciones el derecho a puentear los tribunales nacionales y obtener compensaciones multimillonarias exigibles a los Estados en tribunales internacionales. Pero esos tribunales no son jurídicamente independientes, sino que tienen un sesgo intrínseco pro inversores.


Los capítulos sobre resolución de conflictos entre inversores y Estados proporcionan protección para los inversores, pero no para los Estados o para la población. Permiten a los inversores demandar a Estados, pero no a la inversa.

Carta abierta de 10 expertos independientes de la ONU y relatores especiales

Bajo el CETA, los litigios serán decididos por un tribunal de tres árbitros que actúan con fines de lucro por interés personal. A diferencia de los jueces, no tendrán un salario fijo, sino que cobrarán por caso 3.000 dólares diarios(art 8.27.14 referente a la nómina establecida en los arbitrajes de inversiones). En un sistema unilateral, en el que únicamente los inversores pueden presentar demandas, esto crea fuertes incentivos para ponerse de su lado, porque mientras más sentencias se fallen a su favor, más casos se tramitarán y más dinero recibirán los árbitros-.

Hay además otros defectos que hacen a los tribunales de inversión del CETA proclives al sesgo. No hay un periodo de reflexión previo o posterior al nombramiento de sus miembros, y tampoco pueden ser recusados por hacer de árbitros en otros casos ni por realizar asesoramiento privado (fuera del estrecho enfoque de los conflictos de inversores, ver art 8.30.1). Así que los “jueces” podrían formar parte del pequeño club de abogados especializados que han manejado hasta ahora el boom del arbitraje de inversiones para aumentar sus propios negocios animando a empresas a demandar e interpretando las leyes de inversiones con manga ancha para fomentar más litigios.

Los criterios de selección para los miembros del tribunal también excluyen a los expertos en áreas legales al margen de este club, áreas menos dominadas por intereses comerciales pero que podrían ser relevantes para la jurisprudencia, por ejemplo, las relativas a la legislación nacional administrativa, laboral o ambiental.

En relación con los fallos del procedimiento propuesto para el nombramiento de los árbitros y las dudas sobre su independencia financiera, la mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania, ha cuestionado el sistema de arbitraje de inversiones (ICS) tal como se incluye en el CETA, y también propuesto para su acuerdo gemelo el TTIP: “ni el procedimiento propuesto para el nombramiento de jueces del ICS ni su posición, coinciden con los requisitos internacionales para la independencia de los tribunales”, escribieron los jueces en una declaración publicada en febrero de 2016. La Asociación Europea de Jueces tiene similares preocupaciones.

¿Qué hace el “instrumento interpretativo” UE-Canadá para abordar estas preocupaciones? Exactamente nada.

Simplemente sitúa la afirmación de que el CETA “establece una justicia independiente e imparcial”, y que se han establecido “estrictas reglas éticas” para que los miembros de los tribunales “aseguren su independencia e imparcialidad, la ausencia de conflictos de intereses, sesgos o apariencia de sesgos” (art 6f). El instrumento también contiene la promesa de que Canadá, la UE y sus estados miembros “han acordado comenzar inmediatamente trabajos más profundos sobre un código de conducta para profundizar más en la imparcialidad de los miembros de los tribunales, en el método y nivel de su remuneración y en el proceso para su selección. El objetivo común es concluir el trabajo para cuando el CETA haya entrado en vigor (art 6f). Tras cinco años de negociaciones y dos años de lavado de cara de la legalidad del CETA, con copiosas aportaciones públicas en su capítulo de inversiones, ¿Cuanto tiene de plausible que este trabajo “a fondo” conduzca a un verdadero sistema independiente de solución de conflictos?

Esta pregunta también debe hacerse sobre las endebles promesas de último minuto que la Comisión Europea hizo para superar la paralización de la ratificación del CETA por el gobierno Valón. Nadie en su sano juicio firmaría un contrato que establece simplemente promesas de que algo diferente pasará en el futuro. Pero la comisión parece intentar precisamente eso: hacer que el parlamento europeo y los estados miembros ratifiquen un tratado internacional que amarrará para siempre nuestras sociedades sobre la base de vagas promesas de que será mejorado en el futuro.

En una declaración complementaria sobre el CETA (número 36 en el acta del Consejo), la Comisión promete “más revisiones, sin retraso, sobre el mecanismo de solución de conflictos”. Establece que los árbitros del CETA “será pagados por la UE y por Canadá de forma estable” (que no es el caso en el texto del CETA), que “el sistema debería progresar hacia jueces empleados a tiempo completo” (que no es, de nuevo, lo que establece el texto del CETA); y que habrá “un código obligatorio y vinculante de conducta” (ya indicado en el CETA pero no en el texto del tratado) para los árbitros, incluyendo normas relativas a la “revelación de sus actividades pasadas y actuales” y a un posible periodo de reflexión. Finalmente, se menciona el “trabajo hacia el establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones”, “que sustituirá el sistema bilateral establecido por el CETA”.


Las correcciones al viejo sistema de tribunales de inversiones no son suficientes. Las leyes sustantivas continúan privilegiando a los inversores extranjeros y establecen un sistema legal paralelo, minando las jurisdicciones constitucionales. Ambas cosas son inaceptables y deben cambiar.

Hertha Däubler-Gmelin, actual ministra alemana de justicia.

Mientras estos cambios prometidos podrían mejorar el proceso para dirimir conflictos entre inversores y Estados, ni una sola palabra en la declaración del Consejo o la Comisión aborda los defectos en las normas importantes de los inversores, sobre las que los futuros tribunales basarían sus decisiones.

Así que los principales desequilibrios y problemas del sistema de protección de inversiones del CETA permanecerían. Eso empoderaría a miles de corporaciones a demandar a gobiernos por medidas de interés público legitimas y no discriminatorias (un problema que podría empeorar gracias a la extravagante propuesta de la Comisión para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al sistema, incluso mediante cofinanciación publica de las demandas); podría llevar a pagar miles de millones de euros en indemnizaciones a las corporaciones, incluyendo las hipotéticas perdidas de beneficios que podrían obtener. Es un camino de éxito seguro para atemorizar a los responsables políticos y recortar la elaboración de potenciales normativas deseables para la población. Garantiza derechos y privilegios excepcionalmente poderosos a los inversores extranjeros -derechos que nadie más en la sociedad tiene- sin ninguna obligación por su parte. El tribunal multilateral de inversores propuesto, igualmente, sería únicamente accesible para inversores extranjeros y no tendría en cuenta las políticas ambientales, los derechos humanos y otras consideraciones no-corporativas, que están equilibradas en los sistemas legales y constitucionales europeos.


La creación de tribunales especiales para determinados grupos de litigantes es el camino incorrecto a seguir.

Deutscher Richterbund, la mayor asociación de jueces de Alemania y fiscales públicos.

Así que, mientras los promotores del CETA alaban su sistema de solución de conflictos entre inversores extranjeros y Estados para su “independencia”, el proceso está realmente fuertemente inclinado a favor de los inversores extranjeros. Y la propuesta de un tribunal multilateral, una especie de corte suprema para corporaciones, formalizaría aun más derechos para las mismas, derechos que ni los inversores locales ni los ciudadanos tienen.

Timo 6: El CETA mantendrá los estándares necesarios para proteger a la ciudadanía y el medioambiente.

Según la Comisaria de Comercio Internacional Cecilia Malmströn, el CETA “mantendrá los altos estándares europeos”. En su página web, la Comisaria incluso afirma que “los estándares y regulaciones relacionados con la seguridad alimentaria y la producción, la protección del consumidor, la salud, el medioambiente, los estándares laborales y sociales, etc. permanecerán iguales.

Sin embargo, diversos capítulos del CETA contradicen estas palabras vacías.


La única seguridad que encontramos en los capítulos del CETA son los relativos a la velocidad para acelerar el proceso desregulador y poner trabas a los gobiernos que intenten introducir nuevas normas.

Ellen Gould, Centro Canadiense para Políticas Alternativas.

El capítulo 12 sobre regulación interna compromete a Canadá, la UE, sus Estados miembros y gobiernos locales y regionales, a adoptar o mantener los procesos de concesión de licencias o capacitación “tan simple como sea posible” para las empresas (artículo 12.3.7), a no ser que estén listados en un complicado anexo. El compromiso para hacer el proceso de aprobación de un reactor nuclear, un oleoducto, una planta de procesamiento de comida, o un banco “tan simple como sea posible” es probable que impacte en nuestros estándares en el futuro. Por ejemplo, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria recomienda reformas para fortalecer la supervisión y el control de riesgos, lo que se podría considerar una violación del capítulo 12. Nada dentro del texto del CETA equilibra el criterio de simplicidad con otros valores que la sociedad pueda tener tales como aquellos que aseguren que un oleoducto no destruya el medioambiente o que los residentes locales puedan dar su opinión.

Una segunda amenaza a la protección de los estándares canadienses y europeos reside en el Capítulo 21 sobre Cooperación Reguladora. Con el objetivo de reducir diferencias entre normativas, establece una serie de diálogos, consultas y un “Foro de Cooperación Reguladora” (artículo 21.6). Similares diálogos “voluntarios” entre EEUU y la Unión Europea han tenido ya el efecto de debilitar los estándares en detrimento de las protecciones medioambientales y de salud.

Tomemos los desechos electrónicos como ejemplo. En 1998, una propuesta de la Comisión Europea respaldada por el Parlamento Europeo incluía planes para prohibir las substancias peligrosas en la basura electrónica. A través de un proceso de diálogo que tiene todas las características de la cooperación reguladora bajo el CETA, los funcionarios de EEUU y los lobbies empresariales atacaron la iniciativa, haciendo referencia a su impacto negativo sobre el comercio internacional. En 2002, cuando la directiva sobre desechos fue aprobada, la parte sobre substancias peligrosas había sido rebajada significativamente. Fue necesaria una demanda en los tribunales por parte del gobierno danés y del Parlamento Europeo para sacar finalmente del mercado de la UE una substancia que debía ser prohibida en el borrador original de la UE (deca-BDE) 10 años después de haber sido propuesto. Este es el poder de la Cooperación Reguladora.

Ellen Gould, del Centro Canadiense para Políticas Alternativas ha afirmado que el CETA “ejercería una presión enorme sobre los gobiernos para no tomar nunca determinadas iniciativas” Refiriéndose a la prohibición francesa de 1997 sobre el amianto escribe: “Si el CETA hubiera estado en vigor, Canadá y su industria de amianto hubieran tenido una arma increíblemente poderosa para evitar la prohibición francesa. La industria del amianto podría haber amenazado al gobierno francés con una demanda millonaria como indemnización. Muchas empresas que usan amianto podrían haber argumentado que no se había establecido tal prohibición cuando ellas obtuvieron sus licencias de apertura. A través de las disposiciones de la Cooperación Reguladora en el CETA, Canadá habría podido atacar la prohibición en reuniones a puerta cerrada incluso antes de que los ciudadanos franceses fueran avisados de que estaba siendo considerada. Y finalmente, si estos esfuerzos hubieran fallado, como una de las partes del CETA, Canadá podría haber solicitado retrasos en la implementación de la prohibición, dando al lobby del amianto más tiempo para luchar contra ella.


La amenaza de una indeseada influencia de Canadá en regulaciones medioambientales europeas, tales como la directiva REACH, es real. Canadá ha cuestionado anteriormente ciertas leyes de la Unión Europea y sus Estados miembros, incluida REACH.

Centro para la Ley Internacional de Medioambiente (CIEL) sobre la amenaza del CETA a la regulación química de la UE, REACH.

¿Protege la “declaración interpretativa conjunta” de Canadá y la UE los estándares contra el ataque del CETA? – Ni de lejos.

La declaración repite lo que puede ser encontrado en la campaña mediática de la Comisión Europea sobre este tema. Afirma que “el CETA no rebajará nuestros respectivos estándares y normativas de seguridad alimentaria, seguridad productiva , protección al consumidor, salud, protección medioambiental o laboral” (artículo 1d). Y subraya que la cooperación reguladora “será voluntaria: las autoridades reguladoras podrán cooperar voluntariamente, pero no tienen la obligación o no tienen por qué aplicar el resultado de esta cooperación” (artículo 3).

Pero el debilitamiento de la directiva sobre residuos electrónicos descrito antes fue el resultado de exactamente este tipo de cooperación voluntaria transatlántica. Es más, según el CETA (artículo 21.2(6)), si la UE o Canadá rehusaran poner en práctica la cooperación tendrían que explicar sus razones para hacerlo. Una presión adicional sobre los gobiernos para cooperar, no importa cuál sea el coste para nuestros estándares.

Así que, en lugar de mantener los estándares sociales, medioambientales y de salud, el CETA presenta un riesgo real de degradación de los mismos. Representa una pesada carga adicional para los reguladores y refuerza el papel de los lobbies empresariales en el desarrollo de normativas, socavando potencialmente no sólo el desarrollo de las mismas sino también nuestras democracias.

Algo perfecto para las corporaciones transnacionales

La Comisión Europea y el gobierno de Canadá han descrito al CETA como “el acuerdo de libre comercio más avanzado que jamás hayan negociado”. Jean-Claude Junker, Presidente de la Comisión Europea, lo ha llamado “nuestro mejor y más progresista acuerdo de comercio”. Nada más lejos de la verdad.

El CETA representa precisamente una larga lista de cosas que los gobiernos y parlamentos no estarán autorizados a hacer. Por ejemplo, luchar contra el cambio climático o la desigualdad social, o regular los bancos, o revertir el proceso de privatizaciones, o tomar la iniciativa para luchar contra cualquier otro problema de nuestro tiempo. De hecho, el CETA empeoraría estos problemas. Y el CETA podría forzar a los gobiernos a pagar cuando pusieran en marcha políticas para defender el interés público y el medio ambiente, razón por la cual han sido elegidos por sus ciudadanos.

En realidad, más que “el mejor” acuerdo comercial para la ciudadanía europea y canadiense, el CETA es claramente algo perfecto para las corporaciones a ambos lados del atlántico. Con este acuerdo consiguen más munición para intimidar a los gobiernos y las autoridades locales en cuanto a las regulaciones que podrían obstaculizar sus beneficios.

El escabroso camino del CETA

Como aspecto positivo, podemos esperar nuevas y serias miradas sobre el CETA y lo que éste realmente significa para los Estados miembros de la UE y sus ciudadanos, ya que requiere la ratificación en cada uno de los Estados miembros. Incluso si fuera pasado a toda velocidad por el Parlamento Europeo a principios de febrero de 2017, tal como está previsto, el tratado todavía necesitará que se vote en los 28 parlamentos de la UE antes de que entre plenamente en vigor.

Así que hay muchas oportunidades de que se vean los engaños del CETA y de que este descarrile.


Sindicatos, activistas del medioambiente y organizaciones de consumidores se movilizarán a cada paso para derrotar este acuerdo o evitar que algunas partes del mismo se pongan en marcha.

Owen Tudor, Congreso del Sindicato de Comercio Británico (TUC)

En este contexto es de subrayar, que mientras en octubre de 2016 todas las regiones belgas han autorizado al gobierno federal a firmar el CETA, todas las entidades subfederales menos Flandes mantienen su oposición al mismo, y especialmente a los derechos de los inversores. La declaración intra-belga sobre el CETA (número 37 en el acta del Consejo) afirma: “La región Valona, la Comunidad Francesa, la Comunidad de habla alemana, la Comunidad de habla francesa y Bruselas-Capital no tienen intención de ratificar el CETA a causa del sistema de resolución de conflictos entre los inversores y las partes establecido en el Capítulo 8 del tratado tal y como aparece en el día de su firma” En otras palabras, Bélgica no podría actualmente ratificar el acuerdo.

Así, aparentemente, las regiones belgas están todavía analizando la falsa fachada progresista del CETA. Esperemos que otros sigan su ejemplo, porque detrás de su fachada, el CETA permanece como lo que siempre fue: un ataque a la democracia, a los trabajadores y al medioambiente

Un comentario en “El gran timo del CETA, Acuerdo global económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá

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