Los municipios con espacios protegidos reivindican compensaciones por ley

Reunidos en la Diputación Provincial de Huesca el pasado 9 de enero,  los representantes de los espacios naturales protegidos de Aragón, así como de los municipios y entidades de su entorno mostraron su malestar y preocupación por el sistema de gestión y financiación de los espacios naturales, planteando una serie de medidas para su mejoramiento.

A la reunión asistieron representantes de los parques de Ordesa y Monte Perdido, Posets-Maladeta, Guara, los Valles Occidentales, San Juan de La Peña y Monte Oroel y Gallocanta, además de las comarcas de Sobrarbe, Hoya de Huesca, Somontano y Alto Gállego, así como alcaldes y concejales de más de una veintena de municipios, de representantes de la propiedad privada y de federaciones deportivas. En dicha reunión analizaron la situación por la que atraviesan la financiación y la gestión de dichos espacios naturales, situación que no es nueva, sino que viene de anteriores ejercicios, sin que haya mejorado en absoluto.

A este respecto elaboraron una declaración conjunta y un manifiesto que fue aprobado por unanimidad en el que se plantean medidas para mejorar la gestión y financiación de estos espacios naturales ante la preocupación por una situación que se alarga en el tiempo.

Los reunidos consideran que los Espacios Naturales Protegidos estén bien gestionados y financiados, lo que contribuirá al desarrollo de los territorios y de las personas que en ellos viven, pero teniendo en cuenta el artículo 45.1 de la Constitución que dice “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, entienden que su gestión debe cumplir los tres fines complementarios que son los de contribuir a mejorar el uso público, contribuir al desarrollo económico del entorno y fomentar la conservación e investigación.

Por ello plantean poder participar en la solución de los actuales problemas con una serie de exigencias que pasan por los siguientes puntos:

1. Cambiar la normativa de las subvenciones con el consenso del territorio.

2. Recuperar y concretar como derecho y no como subvención el pago por hectárea de los terrenos aportados a los Espacios Naturales Protegidos.

3. Mejorar radicalmente la actual política de contratación, tanto en su temporalidad como priorizando el personal cualificado del territorio por su contribución al asentamiento y mantenimiento de la población.

4. Mejorar radicalmente la asignación presupuestaria para cada uno de los Espacios Naturales Protegidos actuales.

5. Mejorar la organización del trabajo de los APN y cuadrillas mediante el acuerdo con los Ayuntamientos de las acciones a realizar.

6. Mejorar la participación y gestión en los Patronatos y en las Comisiones Directivas, tanto las existentes como las que se puedan crear, con una mayor representación y capacidad decisorio del territorio.

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