España sale mal parada en el Informe de Amnistía Internacional 2016/17

Informe Anual Amnistia Internacional_2016_2017

Amnistía Internacional ha presentado su informe anual 2016-2017 en el que recogen las violaciones de los Derechos Humanos que se están cometiendo en 159 países del mundo.

En el informe denuncian también el discurso de culpa, odio y medio que ha adquirido una presencia nunca vista desde la década de 1930. La retorica del “nosotros contra ellos”, al que muchos políticos recurren para ganar votos, está creando un mundo cada vez más dividido y peligroso, afirman.

Con respecto a España, el Informe denuncia el persistente uso del delito de “enaltecimiento del terrorismo” para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Los nuevos casos de tortura y otros malos tratos. El uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. Asimismo, denuncian que las autoridades españolas continúan negándose a cooperar con la justicia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Denuncian que, a lo largo del año se impusieron restricciones injustificadas a los derechos a la libertad de información, de expresión y de reunión, basadas en la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que había entrado en vigor en 2015, exponiéndose en el informe varios casos.

También denuncian en el informe, nuevos casos de tortura y otros malos tratos, incluidos el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Exponiendo que en algunos casos, las denuncias de torturas y otros malos tratos no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

Respecto al derecho de las personas refugiadas y migrantes, el Informe expone la inadecuación del sistema español de recepción de solicitantes de asilo: insuficiente número de plazas de acogida en los centros oficiales; el bajo nivel de asistencia a las personas alojadas fuera de ellos. Denunciando que España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepción. Entre enero y octubre se presentaron en España 12.525 solicitudes de asilo, según datos de Eurostat, en comparación con las 4.513 presentadas en 2013. En agosto, las solicitudes de asilo pendientes de tramitación ya eran 29.845 y seguían acumulándose.

Otra de las denuncias que recoge el Informe, es respecto a la discriminación en la salud de las personas migrantes, con la imposición de medidas restrictivas para el acceso a la salud y la protección social de algunos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, vulnerando la declaración de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional declaró que era constitucional la legislación aprobada en 2012, que restringía el acceso de las personas migrantes en situación administrativa irregular a la asistencia médica gratuita, incluida la atención primaria. En virtud de esta reforma se había retirado la tarjeta sanitaria a 748.835 migrantes.

El derecho a la vivienda, es otra de las denuncias que se efectúan en el Informe, en el que se indica que el gasto público en vivienda había sufrido recortes de más del 50% entre 2008 y 2015, y las ejecuciones hipotecarias seguían sin remitir. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler. Sin que existieran datos oficiales que reflejaran el número de personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias en España, ni datos desglosados por sexo o edad, lo que impidió adoptar medidas para proteger a las personas más vulnerables. El Informe, también denuncia que las personas que se enfrentaban a demandas de desalojo seguían sin disponer de recursos jurídicos adecuados para hacer valer ante los tribunales la protección de su derecho a la vivienda.

Por último, el informe expone que desde que entró en vigor en 2004, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el establecimiento de juzgados de violencia contra la mujer, no se habían evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas. Según cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, 44 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta diciembre.

El Informe completo, de 477 páginas, se puede descargar en el siguiente enlace:  https://www.es.amnesty.org/descarga-informe-2017/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20170221_InfAnualDescarga

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