Las subastas de renovables del Gobierno del PP son copadas por las grandes empresas, impidiendo la entrada de particulares, cooperativas y ayuntamientos en el segmento de generación del sistema eléctrico.
La mayor parte de la potencia subastada ha acabado en manos de grandes empresas, entre las que se encuentran Cobra (filial de ACS), Endesa o Gas Natural Fenosa.
El pasado miércoles 26 de julio se celebró una subasta para la instalación de nuevas plantas de generación de electricidad mediante tecnologías renovables. En ella se adjudicaron 5.037 MW, de los cuales 3.909 MW correspondieron a fotovoltaica y 1.128 MW a eólica. Como se esperaba, toda la potencia subastada se adjudicó con el máximo descuento, de manera que las nuevas instalaciones cobrarán cada MWh generado aproximadamente a precio de mercado.
Esta subasta junto a la celebrada en mayo suponen la entrada de más de 8.000 MW renovables adicionales en nuestro sistema eléctrico, una cifra notable. La introducción de cantidades significativas de renovables (la cual estaba prácticamente paralizada desde la llegada del Gobierno de Rajoy) en los últimos meses es una buena noticia en el proceso de descarbonización de nuestro sistema eléctrico y respecto al cumplimiento de los objetivos de España con la UE para 2020. Incluso este Gobierno, arrastrando los pies y a regañadientes, parece rendirse a la evidencia de que el futuro de la electricidad es inexorablemente renovable.
Atendiendo a criterios estrictamente económicos y tecnológicos, Podemos encuentra que el mecanismo de estas subastas está lejos de ser óptimo, y así lo explicaron en un artículo en mayo (muy esquemáticamente: sería mejor que se retribuyese la generación y no la inversión, y que la subasta no fuese marginalista sino del tipo «pay as bid»). Podemos quiere poner de manifiesto el énfasis en otro llamativo aspecto del resultado de la última subasta: la mayor parte de la potencia subastada ha acabado en manos de grandes empresas, entre las que se encuentran Cobra (filial de ACS), Endesa o Gas Natural Fenosa.
Según Podemos, cuando hablan de «transición energética» se refieren a un proceso de transformación en nuestro modo de generar electricidad que sustituya fuentes contaminantes por renovables. Pero no solo se refieren a eso, sino también a que las renovables tienen el potencial de cambiar por completo nuestro sistema eléctrico, democratizándolo, restando poder a las empresas que lo controlan en régimen de oligopolio. Lo cual es particularmente cierto en el caso de la fotovoltaica, pues su carácter modular permite distribuir la generación y la propiedad de las plantas. Pero para que dicho potencial se manifieste es imprescindible una regulación adecuada.
Podemos quiere conseguir que la transición energética no se limite a la sustitución de tecnologías de generación convencionales por renovables sino que, además, permita la incorporación al sistema eléctrico de otros actores. Explican que la experiencia alemana puede servir de ejemplo: aproximadamente la mitad de la potencia renovable instalada en este país está en manos de ciudadanos, cooperativas y ayuntamientos*. Para Podemos, este resultado no es consecuencia del azar sino de una regulación que favorece la participación de estos nuevos actores. Diciendo que, sin ir más lejos, la última subasta eólica celebrada en Alemania el pasado 19 mayo incorporaba varias cláusulas beneficiosas para los proyectos comunitarios.
El Gobierno de Rajoy podría estar dispuesto a abrir la puerta a las renovables (tarde e insuficientemente), pero deja claro que no aceptará que las renovables sean la cuña que abra la grieta para cambiar definitivamente el modelo de propiedad en el sistema eléctrico, permitiendo que pequeños actores y ciudadanos se conviertan en productores.
Los dos cambios regulatorios que Podemos considera imprescindibles para aprovechar la ya explicada capacidad transformadora de las renovables son:
– En cuanto a las subastas, el establecimiento de licitaciones específicas para proyectos de menor potencia, con condiciones favorables para que puedan ser llevados a cabo por cooperativas, ayuntamientos o ciudadanos particulares.
– La aprobación de una normativa que no obstaculice el desarrollo del autoconsumo renovable, eliminando todas las trabas técnicas, administrativas y económicas, y permitiendo la modalidad del autoconsumo compartido.
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