Intolerable bloqueo del Justicia de Aragón

Si la clase política es incapaz de nombrar un sustituto del Justicia de Aragón, este, debería de ser elegido por el pueblo

El Justicia de Aragón conforma una Institución histórica que data de finales del siglo XII y comienzos del XIII, creada para dirimir los conflictos o diferencias entre el Rey y la nobleza de la época. Muchos han visto en esta figura el precedente de los hoy llamados “Defensores del pueblo” existentes en distintos países europeos.

En 1998 fue nombrado para el cargo el jurista oscense Fernado García Vicente, 69 Justicia de Aragón y quien, tras sucesivas prórrogas, tenía que cesar  en el cargo el 17 de septiembre de 2014. Desde esa fecha, y hasta ahora mismo, continúa en el cargo “en funciones”, la friolera de 3 años y cuatro meses, es decir 1208 días, lo que a todas luces, además de una incongruencia resulta intolerable  para la que es tercera autoridad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

¿Razones para tal anomalía? Pues sencillamente la incapacidad de una clase política para ponerse de acuerdo en el nombre de la persona que debería ser elegida para sustituir a García Vicente. El sistema de elección, en manos de las Cortes de Argón, exige que deba alcanzar los 3 quintos de votos de los Diputados, es decir un mínimo de 41 diputados de los 67 que componen tal Institución.

Veáse como se quiera, esta incapacidad refleja el desdoro de una clase política que se llena la boca de loas hacia el Justiciazgo pero que en la práctica no muestra interés alguno por solventar una anomalía que desprestigia tanto a las Cortes de Aragón como a la propia Institución del Justiciazgo, sin que nada pueda achacarse a quien está ocupando el cago en funciones, y que no dimite, tal y como declaró a un medio de comunicación “por sentido de responsabilidad”.

¡Vaya clase política incapaz de consensuar un nombre para tan honroso y respetado cargo! ¿No hay aragoneses que puedan concitar un acuerdo? La tradición parece ir en la línea de que tal responsabilidad la ocupe un jurista, lo que en los tiempos que corren y con el equipo de profesionales existente no parece que tenga necesariamente que ser así. Personas de probada competencia y capacidad de independencia las hay. En ese sentido destacan algunos nombres que corren por los mentideros, como Ángel Dolado o Carlos Carnicer y también los de algunas mujeres que, ¿por qué no podrían acceder a un cargo hasta ahora patrimonio de hombres?

Pero bueno, más allá de nombres, que los hay, y de consenso, lo que no puede ser es que continúe el escándalo de unos políticos incapaces de cumplir, tras tres años y pico, con sus responsabilidades. De seguir así, aún tendremos que exigir la modificación de la ley y la convocatoria de una consulta para que el pueblo elija lo que nuestros representantes son incapaces de hacer. El Justiziazgo no se merece este desdoro.