La interventora general de Aragón anuncia que “no se va a cumplir” la cifra de déficit en 2017 y que se va a situar entre el 0,8% y el 0,9%

La interventora general de Aragón

La interventora general de Aragón, Ana Gómez Barrionuevo también ha informado, en la Comisión de la materia, que en cuanto a los gastos se ha ejecutado más del 97% y que en materia de ingresos se ha sobrepasado el 99%, además ha estimado que las variaciones sobre el impuesto de sucesiones “deberán venir acompañadas de medidas”

La  interventora general de Aragón, Ana Gómez Barrionuevo, ha anunciado que la cifra de déficit para 2017 “no se va a cumplir” y que se va situar entre el 0,8% o 0,9%. Así lo ha comentado en su comparecencia en Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, donde ha respondido a una doble petición de PP y PAR sobre la ejecución presupuestaria. En este sentido, ha confirmado que en materia de ingresos, en 2017, se ha superado el 99%, mientras que la ejecución en los gastos ha sido del 97,45%. Respecto al impuesto de sucesiones, la responsable de Intervención ha asegurado que la modificación o eliminación que merme estos tributos  “ha de venir acompañada de otra serie de medidas que reduzcan gastos o lo compensen”.

Para iniciar su comparecencia, Gómez Barrionuevo ha mantenido las afirmaciones que realizó en la presentación de las cuentas de 2017 donde, como ha recordado, aseguró que “era un presupuesto realista con previsiones razonables”. Además, ha estimado que las cifras de ejecución en ingresos “no se habían alcanzado hasta ahora”, y que han permitido llegar al 99,29% y al 101%, si se tienen en cuenta los ingresos no financieros. En este sentido, también ha comentado que, en 2017, los recursos presupuestarios en términos de derechos reconocidos se han incrementado en trescientos millones y que el ejercicio 2016 “fue el punto de inflexión en cuanto a la recaudación de los impuestos tributarios debido a la crisis”.

Sobre los trescientos millones de ingresos no financieros, Gómez Barrionuevo ha explicado que dos terceras partes corresponden al sistema de financiación autonómicos y que los tributos cedidos han tenido una importancia en el aumento de los ingresos de sesenta y tres millones respecto al año anterior. En cuanto a las transferencias del Estado, también ha trasladado que se han incrementado en diez millones y  que las tasas han contribuido con veinte millones. Por su parte, en relación al impuesto de sucesiones ha confirmado que en este año se han recaudado más de doscientos millones, mientras que en años anteriores “ha estado sobre 140 o 150 millones”. De todos modos, ha solicitado que, de existir una eliminación o modificación de este tributo, esta decisión esté acompañada “de reducciones de gastos o de compensaciones”.

Antonio Suárez, desde el PP, ha calificado de “ejemplar”, la documentación presentada por la compareciente, y, en materia de ingresos, ha dicho que “es evidente la gran mejoría en los dos últimos años” y ha recordado que el Gobierno cuenta con “1.279 millones de más que en 2015”. Para este diputado, “la parte débil de los ingresos es la carga fiscal que soportan los aragoneses”, puesto que, en su opinión, “es la Comunidad donde más se han subido los impuestos”. Además, ha asegurado que con el impuesto de sucesiones “el Gobierno ha jugado con los aragoneses”, ya que, como ha expuesto, se han recaudado doscientos y un millones, cincuenta y dos millones de más de la previsión. Para finalizar, ha criticado el incremento de tasas y la cuantía de partida destinada a gastos de personal.

Por su parte, Elena Allué (PAR) ha considerado que en impuestos indirectos ha habido una recaudación “muy por encima de la previsión inicial”, concretamente, en las tasas se ha registrado un 171% más, según ha trasladado. Por ello, esta diputada ha considerado que los cuarenta y seis millones por encima de recaudación “dan mucho de sí, para que el Gobierno se replantee una restructuración de su política errática en materia impositiva”. “Su afán recaudatorio ha ido por encima de su ritmo de inversión”, ha afirmado también Allué, quien ha repasado las cifras del capítulo I, donde, ha recalcado que “han hecho falta modificaciones en 2016 y en 2017 para pagar las nóminas”.

“Se ha dejado un apartado de instrucciones en el que dijese que liquidación no significa impuesto, o que presupuesto es un anticipo”. Con estas palabras ha comenzado su intervención el socialista Alfredo Sancho, quien ha puesto en valor que han logrado “llegar a final de año, con la mayor ejecución hasta el momento, a pesar de aprobar del presupuesto en mayo”, pese, ha continuado´, “a los augurios y dificultades anunciados por la oposición”. Por otro lado, ha restado importancia al porcentaje de desviación en cuanto a capítulo I que ha cifrado en el 2,6%, y, por último, ha calificado al presupuesto de “ajustado, viable y social”, el cual, en su opinión, “se ha presentado con una liquidación acorde”.

Por parte de Podemos, Héctor Vicente ha ironizado sobre las tres posturas que “ha pensado” que podrían adoptar los grupos de la oposición, “la tradicional de los agujeros presupuestarios, las consecuencias del retraso en la aprobación de las cuentas o  retorcer el tema hasta los impuestos”.  Siendo, a su juicio, el tercero de los enfoques el que se ha adoptado. “Les mantiene la ilusión, ya que es el único tema que les genera cierto rédito, me imagino que van a hablar de impuesto de sucesiones hasta en las comparecencias sobre la PAC”, ha asegurado. Por otro lado, ha criticado que haya partidas no ejecutadas en el Departamento de Economía o que “para 2018 si sigue habiendo insuficiencias en algunas partidas”.

Javier Martínez, desde Ciudadanos, se ha mantenido en los argumentos de su Grupo y, por ello, ha asegurado que “hay margen de maniobra para reducir los impuestos en Aragón”. “Los aragoneses han pagado trescientos treinta millones de euros más que en 2017, ya que la presión fiscal es la cantidad neta”, ha añadido. “Se produce una recaudación del 100%, pero ésta no se corresponde con la realidad inicial”, ha estimado y, a la vez, ha comentado “que se está utilizando el impuesto de sucesiones para cubrir deficiencias en otros tributos”. “Gastar más y mantener una previsión fiscal para que el Gobierno haga políticas cómodas no es una solución, creemos que hay que mantener las decisiones”, ha concluido Martínez desde la formación naranja.

“Suarez y Allué se han dirigido a temas de ingresos y los ha dejado patidifusos”, ha considerado Gregorio Briz del Grupo Mixto-CHA. Para este diputado, los 1.200 millones que el Gobierno dispone de más, según “la monserga PP y PAR”, en palabras de Briz, responden a “los ochocientos millones que gastaban y que no declaraban y a los 439 millones de amortización”. Además, les ha preguntado a estos grupos qué déficit tendría Aragón si se quitaran los doscientos millones del impuesto de sucesiones. Para finalizar, ha hecho hincapié en el nivel de ejecución, sobre lo que se ha asegurado que “no se ha llegado nunca, ni en los mejores sueños del PP y PAR, por cuyas cuentas tuvieron que pasar tres consejeros”.

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