Las APP auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo presentaban deficiencias generalizadas y beneficios limitados

Los auditores afirman que las asociaciones público-privadas de la UE adolecen de deficiencias generalizadas y beneficios limitados

Las asociaciones público-privadas (APP) cofinanciadas por la UE no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las APP auditadas presentaban deficiencias generalizadas y beneficios limitados, que supusieron 1 500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz. Además, la relación calidad-precio y la transparencia se vieron considerablemente comprometidas, en concreto por una política y una estrategia poco claras, por un análisis inadecuado, por el registro de las APP fuera del balance y por acuerdos desequilibrados de distribución del riesgo.

Entre 2000 y 2014, la UE destinó 5 600 millones de euros a 84 proyectos de APP, con un coste total de los proyectos de 29 200 millones de euros. Los auditores evaluaron 12 APP cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España, en los sectores del transporte por carretera y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con un coste total de 9 600 millones de euros y una contribución de la UE de 2 200 millones de euros. En general, los auditores constataron que las APP posibilitaron que los poderes públicos adquirieran infraestructuras a gran escala mediante un único procedimiento, pero aumentaron el riesgo de competencia insuficiente y, por ende, colocaron a los poderes adjudicadores en una posición de negociación más débil.

Además, la mayoría de las APP auditadas fueron objeto de ineficiencias considerables durante su construcción, y siete de los nueve proyectos completados (con un coste de 7 800 millones de euros) sufrieron retrasos de hasta 52 meses e importantes aumentos de los costes.

«Se necesitaron casi 1 500 millones de euros más en fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30 % (422 millones de euros)», afirma Oskar Herics, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Esta cantidad se ha gastado de manera ineficaz por lo que respecta a la consecución de los beneficios económicos potenciales».

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