El órgano parlamentario ha debatido esta mañana dos textos de PP y PAR que no han salido adelante, en el primero de los casos por el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y en el segundo al recibir el único apoyo de la formación proponente
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha estudiado esta mañana el impulso al Gobierno en ayudas a entidades sociales provenientes del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en materia de protección de familias monoparentales. El órgano parlamentario ha debatido dos textos de PP y PAR que no han salido adelante, en el primero de los casos por el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y en el segundo al recibir el único apoyo de la formación proponente.
La propuesta del PP, enmendada por el PAR, reclamaba “dar solución a través de procedimientos legales para atender a las entidades que se han quedado fuera del reparto del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Para Ana Marín, diputada popular encargada de explicar la propuesta, “es un error que ha perjudicado a muchas personas que se beneficiaban de forma directa o indirecta del anterior reparto que hacía el Gobierno de España”. “Las personas y su bienestar están por encima de argumentos políticos”, ha reivindicado.
La socialista Pilimar Zamora ha trasladado al PP que “fue un procedimiento correcto con todas las garantías y con fondos que eran limitados”. “Provienen de la casilla de los ciudadanos y no son de la Comunidad. Nosotros no recaudamos, viene la cuantía asignada. Además, el segundo problema viene del régimen legal: la concurrencia competitiva”, ha explicado. Para Amparo Bella, encargada de posicionar a Podemos, “el reparto se hizo con concurrencia competitiva”. “Que pida que se compense esto no es que sea paliativo, ni un recorte. Es algo que no se ajusta a derecho”, ha defendido Bella durante su turno de palabra.
La portavoz del PAR en esta materia, Elena Allué, ha apostado porque “no se escurra de nuevo el bulto” y “se dé de verdad solución si hay voluntad”, por lo que ha enmendado el texto en este sentido a través de una modificación ‘in voce’ aceptada por el grupo proponente. “La realidad que nos encontramos es un verdadero drama para las entidades sociales”, ha asegurado Desirée Pescador como portavoz de Ciudadanos. Por eso, ha pedido “una situación para los que se han quedado fuera” y “garantizar financiación suficiente, segura y estable para el futuro”. Desde el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha recordado que “es una cuestión de argumentos jurídicos y legales” y la propuesta “se salta la legalidad”. “O es una cínica y lo sabe o nos está diciendo que saltemos la legalidad vigente. Volvemos a votar que no por los mismos argumentos jurídicos”, ha explicado.
FAMILIAS MONOPARENTALES
La sesión de esta mañana también ha servido para debatir un texto del PAR que instaba al Gobierno a “que, en el plazo máximo de 6 meses, presente un proyecto de ley de familias monoparentales en Aragón donde se defina el concepto y tipologías de las mismas, se reconozcan sus características y necesidades propias y se planteen las medidas oportunas para el desarrollo de políticas e iniciativas sociales concretas que les garanticen apoyo y protección”. Elena Allué, encargada de explicar la iniciativa de su formación al resto de grupos, ha defendido que “se han evidenciado cambios en el concepto de familia y las tipologías presentan una realidad cambiante y poliédrica que no se limita al hogar clásico”. La propuesta no ha salido adelante al recibir el único apoyo del propio grupo del PAR y el voto en contra de todos los demás diputados.
Desde el PP, Ana Marín ha mostrado “satisfacción” porque “después de tres años los grupos de la izquierda ponen en valor la Ley de Familia”. “Lo que hace falta es que el Gobierno desarrolle la actual norma que ya las reconoce”, ha criticado. La socialista Pilimar Zamora ha “compartido la preocupación por la realidad a la que se enfrentan a diario las familias monoparentales” pero no que “traer en seis meses una Ley sea la mejor forma”. “A diferencia de otras comunidades, lo tenemos regulado y bien es sabido que esta norma no era la del Partido Socialista”, ha criticado sobre la actual Ley. La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha considerado la cuestión como “muy importante” porque “son derechos básicos para una sociedad más igualitaria y paritaria”. “Esperamos que el Gobierno ponga en marcha estas medidas y plantee pronto estas modificaciones”, ha manifestado la portavoz de la formación morada.
Desde Ciudadanos, Desirée Pescador ha comentado que “todos somos conscientes del cambio de familia tradicional a familias que pueden diferenciarse”. “Un modelo que requiere de empuje y apoyo social”, ha explicado, pero “con una ley nacional”, por lo que ha coincidido “en el fondo pero no en la forma” de la propuesta. Por parte del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) también ha coincidido en que “no se necesita una Ley” porque “hay cabida en la legislación actual”. “Con una orden se puede llevar a cabo. La sociedad va más allá que las propias leyes y aquí está la realidad”, ha reivindicado.
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