Castellano informa sobre la convocatoria de más de una veintena de órdenes de ayudas por valor de 520 millones de euros y anuncia que otras doce están pendientes de publicación.
El secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha acudido esta tarde a la Comisión del ramo para explicar la política de subvenciones del Departamento, en una sesión de debate que también ha abordado un texto de Ciudadanos sobre la enfermedad de Aujeszky que no ha salido finalmente adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto.
La comparecencia del secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano, sobre la política de subvenciones ha iniciado, esta tarde, la Comisión del ramo, donde ha comunicado que su área ha convocado veintitrés órdenes por un importe de quinientos veinte millones de euros y que, además, están en tramitación otras doce órdenes. Además, ha anunciado la creación de un registro voluntario de agricultores y ganaderos de la Comunidad al que le ha otorgado “una potencialidad tremenda para conocer qué sector tenemos”.
Sobre la PAC, Castellano ha asegurado que esta convocatoria moviliza una parte significativa de los recursos humanos, por la complejidad y los controles de la UE, ya que trabajan sobre más de 40.000 solicitudes y más de 300.000 expedientes. “La mejora de la renta es un objetivo central del Departamento, no tiene sentido que en estas ayudas, o en otras financiadas parcialmente por el Gobierno de España, la Comunidad autónoma con competencias no tenga ninguna capacidad para adaptar las ayudas al interés público”, ha lamentado. “Los más de cuatrocientos millones que suponen la PAC no pueden plantearse con unos derechos incondicionados”, ha asegurado, mientras que, sobre las condiciones de elegibilidad, ha añadido que “se debe primar la contribución estratégica”, que, en su opinión, “es aquella que impulsa proyectos, explotaciones y modelos con más externalidades para el medio rural”.
En cuanto a cifras del Departamento, el secretario general técnico ha comenzado diciendo que el 74% del presupuesto consolidado de 2018 se dirige a ayudas o trasferencias. Sobre estos asuntos, Castellano ha asegurado que “las subvenciones suponen una vía determinante de intervención pública en el ámbito agrario para la producción”. Además, ha expuesto que el medio rural aragonés se enfrenta al problema estructural de la despoblación, así como a la escasa capacidad productiva y al abandono de las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. Tal y como ha continuado, ha expuesto que de los 584 millones para ayudas o subvenciones el 75% corresponde a gastos orientados a las explotaciones o empresas y el 25% se destina a inversiones.
“Nos viene a decir que se están cumpliendo las normativas”, ha remarcado el diputado popular Ramón Celma, a la vez que ha pedido el plan estratégico de subvenciones. En otro orden de peticiones, también ha solicitado las bases de datos de las subvenciones de la legislatura, concretamente, la cantidad y las ayudas directas en las que, como ha comentado, “no se tiene en cuenta la concurrencia competitiva”. También este diputado ha dicho que no ha visto la inclusión de nuevos sistemas de transformación en las bases de las subvenciones, ya que “no hemos visto una gran innovación en este sentido”, ha aseverado.
El socialista Herminio Sancho ha mostrado su “alegría” por las intervenciones en esta Comisión, “por lo que se ha avanzado y por lo que se está trabajando desde el Gobierno de Aragón”, ha añadido, a la vez que ha manifestado que, desde su Grupo, “creemos en el sector primario, en la montaña y en el llano”. “Empezamos a mirar en el mismo sitio para garantizar la viabilidad ganadera y de la agricultura, además de apostar por la profesionalidad”, ha comentado Sancho, que también ha puesto en valor los 132 millones que se dedican a la ganadería extensiva. En su opinión, “con este dinero salvaguardemos la biodiversidad en el territorio”.
Según Marta de Santos, de Podemos, “las ayudas pueden tener dos versiones, la de ayudar o motivar para trabajar más o la de callar bocas por un reparto de fondos”. “Desde Podemos les pedimos que toda ayuda pública y cada euro público deben incentivar los objetivos sociales en común y que entendemos como dignos”, ha expuesto. “Los estados europeos nos dan la potestad de regular, pero el Estado español dejó pasar esta oportunidades quedaron fuera las hortalizas o las zonas protegidas”, ha recordado, a la vez que ha pedido que “no se destinen las ayudas a quien más tiene, sino a la pequeña y mediana empresa del mundo rural”.
Por parte del PAR, Lucía Guillén ha asegurado que espera que la propuesta de la PAC tenga todos los apoyos y ha comentado los más de cuatrocientos millones de estas ayudas se van directos a los agricultores y ganaderos, un hecho sobre el que, según ha expresado, “están totalmente de acuerdo porque son los que trabajan en el campo”. Además, Guillén también ha apostado por la profesionalización del sector, así como por el impulso de la industria agroalimentaria, a la que ha calificado de “fundamental” y “con un gran campo de mejora”.
“Nos ha dado una visión global sobre los más de quinientos ochenta millones pero todos sabemos cuáles son los problemas como la despoblación o el problema de suelos”. Con estas apreciaciones ha comenzado Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, una intervención en la que también ha valorado la convocatoria de los dos millones para la ganadería extensiva y ha expuesto la problemática de los jóvenes agricultores. “Las explotaciones necesitan un cambio en el campo de la innovación”, ha matizado. Al igual que otros portavoces, Domínguez se ha congratulado por la creación del registro de agricultores y ganaderos.
“Su labor es importante cuando el tema de las ayudas y las subvenciones mueve un 74% del dinero en esta línea”, ha destacado la diputada del Grupo Mixto-IU, Patricia Luquin. “Se debe apoyar la explotación familiar y ganadera potenciando la profesionalidad, ya que se incrementa el valor añadido y se garantiza que el dinero público vaya a los fines que debería ir, mientras que se vertebra el territorio”, ha expuesto esta diputada. Sobre las veintitrés convocatorias, Luquin ha preguntado por los plazos de resolución y pago.
ENFERMEDAD DE AUJESZKY
La Comisión de esta tarde también ha debatido un texto de Ciudadanos sobre la prevención de la enfermedad de Aujeszky. La propuesta no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto, aunque sí que la han apoyado PP y PAR. Ramiro Domínguez ha sido el encargado de exponer una iniciativa de impulso que ha calificado como “preventiva”. “Aunque Aragón está libre desde 2010, el virus no está erradicado. Seguimos con la obligación de mantener la vacunación en porcino”, ha recordado este portavoz.
Para Ricardo Oliván, encargado de posicionar al PP, “que haya riesgos en un sector tan importante obliga a tomar las medidas necesarias y a lo mejor más”. El socialista Enrique Pueyo ha recordado que “la enfermedad está prácticamente erradicada en producción intensiva”. “Hay un plan de control autonómico, documental y con vigilancias pasiva y activa”, ha explicado este portavoz. Desde Podemos, Andoni Corrales ha criticado el texto porque “pide lo que ya se hace”. “Con esto lo que están creando es una alarma. Más importante es la que se está produciendo con la desmantelación de las ADS”, ha defendido este parlamentario.
Por parte del PAR, Lucía Guillén ha comentado que “Aragón es un territorio libre y sin ningún caso”. “Es posible gracias a la gran labor de las ADS”, ha valorado, añadiendo también “a las integradoras y los integrados”. “Son los primeros a los que no les interesa la enfermedad”, ha manifestado. Desde el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha considerado “igual de importantes las medidas preventivas como no alarmar”. “Que no esté erradicado no quiere decir que no esté controlado. Se siguen todos los protocolos”, ha relatado esta parlamentaria.
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