Todos somos iguales ante la ley. Vivimos en un Estado de Derecho. Como existe una separación de poderes, la justicia es independiente. Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Las palabras lo aguantan todo, no obstante quiero reflejar unos hechos concretos, para que cada cual saque sus conclusiones.
Según refiere el periódico ElPlural.com de 27 de abril del año actual, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha archivado la causa que seguía contra tres policías municipales de Madrid por posibles delitos de odio e injurias por los insultos vertidos en un chat de agentes de la policía local de Madrid. En el chat, integrado por un centenar de policías, se tildó a la alcaldesa como «vejestorio despreciable» y se vertieron graves insultos y amenazas. «Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros», o «que se muera la zorra vieja ya», son otros de los comentarios de mal gusto que se hicieron en el chat. Los insultos se dirigieron también contra la periodista Ana Pastor, Antonio García Ferreras o políticos como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián. «Ojalá explote la sexta con todos ellos dentro y que ese día esté también Pablo Iglesias y Rufián». Los policías también se mofaron de los inmigrantes y lanzaron alabanzas a Hitler.
El pasado 24 de septiembre ante el pabellón, Siglo XXI de Zaragoza, se produjo una concentración no autorizada de unas 600 personas contra la asamblea convocada por Unidos Podemos en favor de un referéndum pactado en Cataluña. La Policía Nacional identificó a 15 personas. Ninguna de ellas parece ser la autora del suceso más grave registrado aquella tensa jornada: el lanzamiento de un botellín de agua contra la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, la cual pasó por el servicio de urgencias del Hospital Provincial, donde tras practicarle una radiografía comprobaron que presentaba un fuerte impacto en el pecho. Con el parte de lesiones, Barba acudió después a comisaría para tramitar la correspondiente denuncia. Sin embargo, las pesquisas se cerraron apenas tres semanas después por falta de autor conocido.
El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, en marzo del año actual, pidió la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, por el archivo del caso de la agresión a la presidenta de las Cortes. Ha asegurado que le parece «impresionante» y «alucinante» que, con 15 personas identificadas, el delegado del Gobierno no haya tomado las medidas oportunas para que al menos se abrieran los expedientes oportunos. «La justicia tiene que ser la misma para todos y, si no, el delegado del Gobierno tendrá que dar explicaciones».
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de septiembre con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos-el partido de la regeneración democrática-, el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro del Interior, Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos, que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ya fue reprobado con anterioridad por el Congreso; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso partidista de este departamento.
Transcribo textualmente las palabras introductorias así como las conclusiones del presidente de la Comisión, el diputado Mikel Legarda Uriarte. Son demoledoras en un Estado de Derecho. Hay que leerlas con detenimiento. Ni que decir tiene que la mayoría de los medios de comunicación, absorbidos por otras preocupaciones, prácticamente las marginaron. Ellos sabrán los motivos. Ahí van:
“Como todos ustedes recuerdan, esta Comisión de investigación nació lastrada por una serie de retrasos y circunstancias adversas, a las que se añadían que su objeto se encontraba concernido por personas y contexto que no solo se referían a un pasado más o menos cercano, sino que se proyectaban con influencia y dimensión real al tiempo de desarrollo de los trabajos de la Comisión, lo que unido al acuerdo de que su plan de trabajo fuera acordado por el criterio de la mayoría a través del voto ponderado dio como resultado un desarrollo sincopado de su actividad que se tradujo en bloqueos de su actividad, que encontraban en ocasiones cauce a través de la interacción de miembros de la Comisión con medios de comunicación social. Tal fue así que a los tres meses inicialmente establecidos para la realización de sus trabajos tuvo que añadírsele una prórroga acordada por este Pleno no exenta de polémica, como todos ustedes recordarán. Ese contexto que rodeó los trabajos de la Comisión y su objeto alcanza incluso al momento lleno de complejidades, tensiones e incertidumbres que ahora mismo estamos viviendo. Palabras como Cataluña, corrupción o adversarios políticos dan testimonio, a mi juicio, de lo que digo.
Todo lo dicho me obliga en este cometido institucional que ahora me ocupa como presidente de la Comisión a ser extremadamente parco y prudente en la presentación ante el Pleno de esta Cámara del presente dictamen. Serán los grupos parlamentarios que me sucederán en el uso de la palabra a los que les corresponda, si así lo consideran, explayarse sobre lo esbozado para hacer vivo, democrático y profundo el debate, como dijo ya hace unos cuantos años el diputado Mardones Sevilla en un cometido similar al ahora mío. No obstante las vicisitudes que han afectado a la vida y trabajos de la Comisión, esta ha llegado a unas conclusiones a las que daré lectura, no sin antes expresar en nombre de la Comisión su sincero agradecimiento a todos los servicios de la Cámara: ujieres, personal administrativo, taquígrafas, personal del departamento de prensa y a las letradas Mercedes y Piedad, que nos han acompañado y ayudado. También quiero expresar mi agradecimiento al conjunto de la Comisión: portavoces, miembros de la Mesa y resto de integrantes de la misma. Asimismo, aprovecho la ocasión que me brindan para pedir disculpas a todos ustedes por los errores que pude haber cometido en el desempeño de mis funciones. Nunca fueron dolosos.
Finalizaré con la lectura de las conclusiones, fruto de los trabajos de la Comisión, que de forma mayoritaria fueron acordadas y que rezan del siguiente modo:
Primero. La Comisión de investigación quiere expresar que en ningún momento su tarea ha consistido en evaluar la constitucional y encomiable labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que de manera amplísimamente mayoritaria vienen desarrollando en pro de la ciudadanía y en la lucha contra el crimen.
Segundo. La información documental solicitada por la Comisión de investigación ha tenido una respuesta diversa, pero debe señalarse de manera clara que la requerida al Gobierno ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. La documentación ha sido remitida de modo que no ha estado plenamente disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior y del ex director general de la Policía.
Tercero, en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el consentimiento y conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE, como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC; nacionalismo catalán, señor Trias, o Podemos, informe PISA.
Cuarto, estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de derecho.
Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta”. Fin.
Quiero terminar con unas consideraciones. Me vienen a la memoria las palabras tan solemnes de diferentes ministros del Gobierno: «Nadie está por encima de la ley», «Este es un Estado de Derecho», «La Carta Magna obliga a todos los españoles», «La ley es igual para todos…” Bla. Bla. Bla.
Si la sede de la soberanía popular determina que un ministro se ha servido de los medios policiales e beneficio de su propio partido y para perseguir a los contrarios, parece comprensible que algo tendrá que decir la justicia. ¿Se ha cometido algún delito? ¿Tendrá alguna responsabilidad penal además de política el ministro y su partido? Unidos Podemos señaló que llevaría a la Fiscalía las conclusiones de la Comisión. No tendría que ser necesario, la Fiscalía debería haber intervenido de oficio. Intuyo que no lo ha hecho, al estar ocupada y preocupada por otras cuestiones.
conacento 