El acuerdo internacional del CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres) aprobado por la ONU en 1979, que España ratificó, estableció la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Se acordó integrar el análisis de género en la política fiscal y en la presupuestación. El Parlamento Europeo, por Resolución del 3 de Julio de 2003, asumió dichos principios y acordó que la elaboración del presupuesto de la UE debía tener una dimensión de género. Sin embargo, poco se avanzó en la materia. En el 2007, el propio Parlamento Europeo volvía a pedir a la Comisión que pusiera en marcha los primeros proyectos piloto en los Presupuestos Generales de la UE y en los Fondos Estructurales. Algunos países europeos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia empezaron a desarrollar nuevas experiencias que incluían la perspectiva de género en todas las fases procedimentales de aprobación presupuestaria. Antes que ellos, otros países como Canadá, México y Suráfrica habían abierto el camino, siendo sintomático el caso de México que reformó su Ley de Planeación para incluir la perspectiva de género en las fases de diseño y planeamiento, de forma que la identificación de las desigualdades entre hombres y mujeres, la monitorización de los datos por razón de género era un requisito previo en la planificación-asignación del gasto y reestructuración de los ingresos.
En España, el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, obligaba a las Administraciones públicas a integrar el principio de igualdad de género en la presupuestación de las políticas públicas y a evaluar su impacto. En Aragón, la concreción jurídica llegó con la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. A pesar de existir un marco legal poco se ha hecho en comparación con otros países de nuestro entorno europeo como Austria, Islandia, Finlandia o Noruega. Tanto en el ámbito nacional como el autonómico ha quedado reducido a unos informes de impacto que se anexan a la ley presupuestaria, informes en mi opinión bastante flojos y cuya sensación personal es la de responder a un mero trámite administrativo. También, se ha obviado seguir la metodología procesual recomendada por distintos organismos internacionales y por la propia UE. El enfoque de género ha quedado estrechamente acotado a la financiación o asignación de gasto (subvenciones, créditos, …) a programas concretos contra la desigualdad. No existe una reestructuración del presupuesto en virtud de un acopio de datos segregados por género para cada uno de las secciones o departamentos gubernamentales, no hay un análisis previo de dichos datos segregados para en su virtud realizar un diseño y planificación del presupuesto donde se aborden medidas que incluyan también los ingresos. Los países nórdicos aplican el enfoque de género a los distintos mecanismos de recaudación impositiva, no sólo a nivel personal, sino también, y esto es lo más importante, a nivel de mercado, de tejido comercial, industrial o de servicios.
Ningún presupuesto es neutro a nivel de género. Destinar más gasto a un sector o actividad económica donde el trabajo y el capital es mayoritariamente masculino, o hacerlo a un determinado deporte cuyo rol tradicionalmente también lo ha sido, provoca una desigualdad distributiva de la renta si no va acompañada de una reestructuración presupuestaria que lo corrija, dicha restructuración lo puede ser bien a nivel de gasto o bien a nivel de ingresos. Ni los políticos, ni los técnicos de las Administraciones están familiarizados con este nuevo enfoque. Los primeros carecen de visión y los segundos de formación.
La filósofa norteamericana Martha Nussbaum a partir de 1998, en unas conferencias en la Universidad de Cambridge esbozó lo que después sería su libro Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Si bien era continuista con la tesis de John Rawls, avanzó mucho más en el concepto de igualdad. Frente a la igualdad de condiciones propuso una igualdad de capacidades, entendiendo éstas como lo que los individuos son capaces de hacer y ser para aportar valor. Las capacidades no son las mismas en cada ser humano, ni en cada colectivo social, sino que hay unos condicionantes (género, minusvalía, migración…) que impiden que la redistribución de los bienes primarios- sobre los que Rawls basó su principio de equidad – puedan ser considerados aisladamente como indicadores de bienestar y libertad. Se pueden distribuir bicicletas a todo un conjunto de población, pero de poco le valdrá a una persona con discapacidad convertir ese bien en un valor que lo capacite para alcanzar mayor grado de bienestar y libertad. Se puede subvencionar el alquiler de vivienda, pero de poco le valdrá a la población migrante sin residencia legalizada. Se pueden construir patios de colegio muy amplios con modernas porterías y canastas de baloncesto, pero poco valor encontrarán las niñas en ellos si lo normal es que estén copados por niños ya que el rol de género condiciona el uso de ese espacio. Para Nussbaum todos los individuos deben tener la misma capacidad para transformar los bienes primarios en un valor útil a su bienestar. A dicha capacidad la llamó capacidad básica. Quien debe generar dicha capacidad básica es el Estado a través de una redistribución de los bienes y las rentas que siga el enfoque de las capacidades en los procedimientos presupuestarios. Nussbaum puso el acento por primera vez en el desarrollo de las capacidades de mujeres y niñas como factor de equidad en las sociedades democráticas. Es importante recordar que el gender budgeting es sincrónico a un contexto de profundos debates académicos en los que participan premios novel de economía como Amarty Sen o sociólogos como Len Doyal. Desde prestigiosas cátedras de Derecho y Ética en EE.UU y Reino Unido se va formulando un nuevo liberalismo político de corte social que compromete a los organismos internacionales y transciende a los propios partidos políticos.
Las dos ediciones de los presupuestos participativos de Zaragoza están demostrando que el nivel de participación de las mujeres es mayor al de los hombres, no solo en el apoyo y votación de propuestas, sino también en algunas mesas directrices del proceso. Faltan datos segregados por sexo en muchas de las estadísticas presentadas por la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, lo cual es obligado mejorar en el futuro y ejemplifica una vez más la falta de concienciación administrativa sobre el enfoque de género en la presupuestación. Lo mismo acontece con los informes de necesidades de distrito y de ciudad elaborados por Ebrópolis. No hay una segmentación de indicadores por sexo, y por tanto, no hay análisis ni recomendaciones para salvar las posibles desigualdades y contribuir a unos presupuestos participativos que compensen determinadas carencias. Alguien dirá que el alcance de dichos presupuestos participativos al estar circunscritos a infraestructuras y equipamientos sociales no quedan afectos al enfoque de género. Sin embargo, destinar un montante importante del gasto a financiar un parque de skateboard en vez de financiar el equipamiento del polideportivo de gimnasia rítmica tiene un impacto desigual en ambos segmentos de población. Lo mismo arreglar y pavimentar las calles de acceso a un polígono industrial frente a las de acceso y circunvalación de un colegio o mercado, máxime cuando a ese polígono el segmento de población mayoritaria que accede a él es masculino, mientras que los colegios y mercados son frecuentados más por mujeres. Y qué decir tiene el rechazo de la comisión técnica y de la propia Junta de Distrito a una demanda de la primera edición del Distrito Delicias donde se solicitaba la ampliación de las aceras de una pequeña calle porque las mujeres con los carritos de bebé y sillitas de niños no podían transitar por ellas, hacían malabarismos para sortear los obstáculos. Sorprende cómo este año varias propuestas han puesto el acento en la demanda de patios de colegio integradores donde niñas y niños puedan aprovecharlos en igualdad, denunciando el excesivo uso de porterías y campos de fútbol que priva a las niñas de un espacio lúdico al que tienen derecho y cuyo diseño tienen que atender a sus afines formas de juego y esparcimiento. El mismo hecho de que haya una masiva aportación de la AMPAs sobre propuestas vinculadas a los colegios y sus entornos evidencia que las mujeres – usuarias en mayor medida de los colegios porque asisten a recoger a sus hijos y participan en su dinamización social todavía más que los hombres – están demandando una necesidad propia, con mayor impacto en ellas que en ellos. El apoyo importante recibido a la propuesta de bicicletas para discapacitados ejemplifica de manera palmaria cómo es necesario avanzar en la igualdad de capacidades. Aun careciendo de datos, los primeros indicios apuntan que los presupuestos participativos tienen impacto de género porque están focalizando la inversión sobre bienes y equipamientos de utilidad preferente para mujeres. También, pueden ser una herramienta en manos de la sociedad civil para llenar las carencias que dejan unos presupuestos oficiales poco transparentes en su planificación y aprobación, sometidos en demasía al coto partidista de la trifulca política y ajenos a solventar las diferencias de capacidad en la redistribución de los bienes y rentas. Los presupuestos participativos deben incluir la perspectiva de género en sus distintas fases porque la participación ciudadana y el enfoque de género se complementan. Ejemplos de dicha simbiosis son experiencias ya realizadas en Suráfrica y Reino Unido. Los presupuestos participativos son una oportunidad para empezar a familiarizarnos con una política fiscal y presupuestaria que persiga la igualdad de género. Comprometerse con ellos, aumentar su asignación económica, difundirlos, formar a la ciudadanía y a los cuadros de la Administración municipal, es comprometerse con una idea que rebasa el sectarismo de los intereses propios y abre espacio a valores democráticos de justicia y libertad.
Pilar Córdoba
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