La propuesta de HastaKí para lograr unas políticas democráticas y sociales

En el artículo anterior, «La democracia vista por la Corona y por el colectivo HastaKí», veíamos el análisis de este colectivo sobre la política española actual. Yo lo resumiría diciendo que solo tenemos una democracia formal y una clase política que, en general, se olvida de nuestras necesidades diarias. Es más hace oídos sordos a nuestras reclamaciones.

¿Cómo salir de esta situación que, año a año, se va degradando más?

Uno de los caminos es que la ciudadanía tome la iniciativa y, una parte de ella, empezemos a exigir a los partidos progresistas que nos respeten, y que cumplan su papel constitucional de “manifestación de la voluntad popular”.

Pero para ello debemos abandonar la tentación de la abstención que, en el fondo, es un voto para los partidos no progresistas.

Votar sí, pero con condiciones.

Lo primero que HastaKí propone es que anunciemos públicamente, cuantos mas mejor, que nuestra intención es votar a alguno de aquellos “partidos cuyos órganos de gobierno asuman, públicamente y antes de las elecciones, defender como propias un conjunto de 18 medidas, ya reclamadas en la calle”.

Lo segundo es comprometernos a permanecer activos, cuando acaben las elecciones, y no permitir que nuestro voto se convierta en un cheque en blanco para que el partido, si alcanza el gobierno, haga lo contrario de lo que nos prometió.

La ciudadanía debemos por tanto “mantener una actitud crítica y exigente frente a los partidos políticos y candidatos que resulten elegidos”.

Y como ayuda a esa actitud crítica y exigente HastaKí propone, a los partidos que acepten sus propuestas, que la valoración de su grado de cumplimiento de las medidas lo realice una Comisión de Seguimiento. La comisión estaría formada por 10 personas elegidas mediante sorteo ante notario, entre las que se hayan adherido al documento y acepten ese nombramiento. Para garantizar su trasparencia en la comisión habría un representante, con voz pero sin voto, por cada partido firmante.

Todas las medidas solicitadas buscan mejorar la vida, o facilitar la participación política y social, de todas las personas que vivimos en España. Casi todas están cuantificadas para poder comprobar fácilmente su grado de cumplimiento. Y todas han tenido respaldo popular en la calle.

Según su finalidad el colectivo las agrupa en 4 apartados: para mejorar la calidad de vida de todos y especialmente de los sectores mas maltratados por la crisis; para garantizar las libertades y participación ciudadanas; para lograr una economía social y con futuro y, por último, una serie de medidas para aumentar los ingresos del Estado, pero no  subiendo los impuestos a los que ya pagamos sino logrando que paguen los que ahora no lo hacen. Los cuales ¡por casualidad! son los que tienen mas capacidad económica.

Así en el apartado A, para lograr una calidad de vida digna, proponen 7 medidas:

• Garantizar una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia y la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y, para ello: subir el primer año de legislatura el salario mínimo hasta los 1.000 €; subir las pensiones mínimas, en tres años y por tramos iguales, a los 1.000 €; derogar la reforma del 2013; extender ilimitadamente en el tiempo el subsidio extraordinario de desempleo a todos los parados de larga duración; y, además, aplicar el IPC a todas las prestaciones anteriores.
• Medidas de disminución de la brecha salarial y  de mejora de las condiciones de empleo en colectivos feminizados (camareras de hotel, empleadas del hogar, etc.).
• Permisos parentales, iguales e intransferibles.
• Atacar las causas de la inmigración mediante una Política activa, tanto en el lugar de origen como en el acogimiento. En ambos casos respetando la dignidad de la persona inmigrante, los derechos inviolables que le son inherentes, y de conformidad con los tratados internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos que España ha firmado y que, de acuerdo con nuestra Constitución “una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
• Aumentar las plantillas, de Educación y Sanidad Publicas, hasta recuperar en tres años las cifras de personal “fijo” del 2008.
• Eliminar el copago farmacéutico.
• Garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a través de un parque público de viviendas sociales para alquiler que sea inalienable. Controlar los precios de los alquileres y crear un bono mínimo de electricidad/gas y agua a las rentas familiares inferiores a 1.000 €.

En el apartado B para hacer realidad nuestros derechos constitucionales a la   libertad, justicia, igualdad y participación, el colectivo plantea:

• Derogar íntegramente las leyes Mordaza (Ley Orgánica 4/2015) y de Reforma Laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero).
• Mejorar la realidad y la imagen de la Justicia y para ello plantea sencillamente aplicar las medidas solicitadas por el Consejo de Europa a España, para aumentar la independencia, imparcialidad y trasparencia del Poder judicial. Primero, mediante una ley que establezca criterios objetivos y seguimiento de evaluación para los altos cargos judiciales. Y, segundo, aplicando el que “las autoridades políticas no se deberían implicar en ninguna fase del proceso de selección” y, como mínimo, la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial deberían ser “jueces elegidos por sus compañeros de todos los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del mismo”.
• Establecer en el Sistema Judicial, y en el resto de la Administración, una formación continua que incluya perspectiva de género.
• Dotar de suficiencia económica a las Leyes de Dependencia, de Memoria Histórica y al Pacto contra la Violencia de Género.

En el apartado C para avanzar hacia un orden económico y social justo y sostenible proponen:

• Incrementar la formación y la inversión en investigación: doblando la cuantía dedicada a becas y, simultáneamente disminuir las tasas universitarias; dedicar el 3 % de todos los presupuestos públicos a I+D; incrementar en un 10% anual las plantillas del personal investigador y, como colofón, patentar y rentabilizar como públicos sus resultados,
• Luchar contra el cambio climático cumpliendo los acuerdos de Paris y defendiendo en la Unión Europea unas nuevas Políticas Alimentaria y Agrarias garanticen, de forma sostenible y segura, el abastecimiento de la población y la pervivencia del mundo rural.

Y, para lograr un sistema impositivo justo, el apartado D, propone mejorar la eficiencia en el gasto y luchar contra el fraude mediante 3 medidas:

• Eliminar el gasto inútil: duplicidades en órganos de gestión entre ayuntamientos, comarcas, diputaciones, autonomías y administración central; asesores políticos, cargos de confianza no funcionarios, órganos políticos de las comarcas, etc. Y, también, denunciar el Concordato y los tratados con el Estado Vaticano.
• Implantar un sistema tributario justo inspirado en los principios de generalidad, suficiencia, igualdad, progresividad y capacidad económica, actuando sobre cuatro grandes impuestos. En el de la renta (IRPF) eliminar la tributación separada de las rentas de capital y reducir la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias. En el de Sociedades eliminar los beneficios tributarios a las grandes empresas de forma que estas contribuyan porcentualmente en mayor medida que las PYMES; asimismo instrumentar medidas de tributación objetiva para las multinacionales, que utilizan paraísos fiscales para evadir el impuesto. Para evitar las actuales diferencias injustas ente autonomías, unificar en la Administración central la normativa de los impuestos progresivos de Patrimonio y Sucesiones, pero estableciendo mínimos exentos superiores al millón de euros por herencia causante, para que solo afecte a patrimonios muy altos.
• Luchar contra el fraude de los grandes legislando la prohibición de amnistías fiscales, la no prescripción del delito fiscal y la protección de los denunciantes. Incrementar, al menos en un 50%, los profesionales  de las Inspecciones de Hacienda y de Trabajo pero, además, centrar los planes de inspección en las grandes bolsas de fraude y no en los trabajadores y PYMES, como se realiza actualmente.

Estas son las medidas que propone HastaKí para lograr que nuestro voto sirva y lograr los partidos progresistas vuelvan a considerar que sus programas electorales son un contrato con nosotros y no promesas que se lleva el viento.

Si piensas que merece la pena luchar por una democracia participativa adhiérete en el siguiente enlace y difunde esta propuesta.

https://www.change.org/p/a-la-ciudadan%C3%ADa-que-cree-en-la-participaci%C3%B3n-y-el-compromiso-social-que-los-partidos-cumplan-sus-programas

Pues los partidos solo lo admitirán si somos varios miles los firmantes y temen perder ese último escaño que depende de los famosos restos de la ley D´Hont.

José Luis Alonso Gajón