Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas.
Tengo la costumbre, alguno la calificará de masoquista, de entrar la página web del Congreso de los Diputados, para tratar de enterarme de la actividad parlamentaria. Lo hago tanto en los Plenos, como en las distintas Comisiones Parlamentarias. Y les garantizo que me resultan muy útiles para aprender de política, historia, economía, retórica, como también para conocer la ideología de cada partido, ya que las diferentes intervenciones suelen llevar un trabajo previo importante en cuanto a su elaboración.
Quiero referirme hoy a una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas presentada para su toma de consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 25 de septiembre, y defendida por el diputado Toni Cantó, el cual argumentó así:
“La ley que nosotros presentamos hoy incide en otro de los problemas que se ha creado en España, de nuevo por el empuje nacionalista, pero de nuevo también por la colaboración necesaria del bipartidismo. Desde Ciudadanos, porque creemos en una España de libres e iguales, queremos garantizar —de eso va lo que presentamos hoy— que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público… En el Estatuto Básico del Empleado Público se contempla la necesidad de cuidar de las lenguas cooficiales en relación con la selección de los empleados; con nuestra ley, señorías, lo que pretendemos es completar dicho estatuto, precisar cuál es la naturaleza de esa exigencia y en qué proporción se puede establecer. Lo que pretendemos, en definitiva, es que el conocimiento de esas lenguas cooficiales sea un mérito —señorías, un mérito— y deje de ser un requisito, y que ese mérito se establezca, además, de manera transparente y en función del puesto o del empleo que se trate. Lo hacemos por dos razones: por igualdad —eso es lo que decía al principio—, pero también para garantizar la calidad de nuestros servicios, señorías, porque creemos que un trabajador español debe tener las mismas facilidades para desarrollar su carrera en cualquier parte de España y eso, gracias a las políticas de los nacionalistas, y gracias al PSOE y gracias al PP, por desgracia, ya no es así en nuestro país”.
Se manifestaron a favor de la toma en consideración el diputado Salvador Armendariz de UPN Y también por el Grupo Parlamentario Popular, Miguel Barrachina Ros, el cual para restar protagonismo a la iniciativa de Cs adujo:
“Le recuerdo: suprimimos el decreto lingüístico que establecía barreras de entrada a la Función Pública en Baleares; se recurrió por cincuenta senadores del Partido Socialista y ganamos. Y es sobre eso sobre lo que se está debatiendo. Ahora de nuevo se ha vuelto a imponer. Nosotros estamos a favor de que, como dice la Constitución, se proteja, se promocione el uso de todas las lenguas, y estamos dispuestos a debatir y vamos a votar que sí a esta iniciativa, aterrizándola, teniendo en cuenta que también tienen derecho a hablar sus lenguas autónomas, sus lenguas propias todo el mundo y, por tanto, hemos de ser capaces de conciliar. No es lo mismo un puesto de cirujano que uno de atención al público y, por tanto, en ese aterrizaje, en esa conciliación, en esa convivencia de Constitución y estatutos de autonomía es donde, con la humildad que —permítanme— les ha faltado, debemos ponernos de acuerdo para que en España se sigan suprimiendo barreras comerciales, lingüísticas y de todo tipo, y que con normas como esta los españoles puedan salir más unidos”.
Obviamente se manifestaron en contra nacionalistas, Podemos y PSOE. Voy a presentar algunas intervenciones, las más significativas, de los que se manifestaron en contra,
Sergi Miquel i Valenti por el PDCAT:
“Voy a hacer una cosa inédita —no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer hoy—, que es poner en valor la Constitución española —fíjese cómo está el tema—, que en su artículo 3 —porque usted ha citado el artículo 3 de la Constitución sin profundizar demasiado— dice algo así como que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y ahora voy a hacer algo que usted dice que hace a menudo pero que no hace nunca, que es defender el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en el punto 4 del artículo 33 dice: Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña ha de acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales que lo hagan apto para cumplir sus funciones laborales. Mi pregunta otra vez es: En una proposición de ley como la suya, por la que no es necesario conocer el catalán para trabajar en Cataluña, ¿cómo garantiza usted eso?
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, Joseba Andoni Agirretxea Urresti:
“Este es un caso estrafalario pero real de la exaltación de la ignorancia: por una parte, es una ignorancia relacionada con lo cultural porque loa, como decíamos, el desconocimiento, pero además es ignorancia por desconocimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales, porque parece que han hecho caso omiso no solamente de lo que dicen las leyes del País Vasco o de Cataluña, sino también la propia Constitución o las sentencias que el Tribunal Constitucional tiene en materias relacionadas con las que usted ha dicho. ¿O usted cree que viene aquí ex novo y que esto no ha ocurrido nunca? Le puedo citar la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, la sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, la Ley 39/2015 o la Ley del euskera que, en el caso de Euskadi, por ejemplo, dice precisamente eso que usted está diciendo que ocurre pero a la inversa.
La defensa de los derechos lingüísticos —y esto lo hemos detallado aquí más de una vez— ¿de quién es? Si yo voy a la oficina del DNI y el policía nacional que me atiende no sabe euskera, ¿quién habla en otro idioma? Yo. ¿Quién habla en castellano? Yo. Por lo tanto, los derechos lingüísticos de una persona obligan a la Administración a que a esa persona se la atienda en su lengua, así pues la Administración tiene la obligación de poner sus recursos para que los derechos lingüísticos de quien demanda en lengua cooficial puedan ser atendidos. Esa es la realidad que ustedes quieren obviar. Parece ser que los derechos solo los tiene el castellano o los castellanoparlantes y los demás, no”.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Mena Arca:
“Señor Cantó, España es desde hace muchos años el territorio más plural en el ámbito lingüístico de Europa. Siempre hemos sido un país culturalmente rico, una tierra de acogida y un cruce de civilizaciones que ha resistido los envites uniformadores históricos de los que ustedes son los herederos. Este es el país de Gloria Fuertes y de Miguel Hernández, de Martí i Pol y de Mercè Rodoreda, de Rosalía de Castro y Curros Enríquez, de Leizarraga y Etxepare, de Vanesa Gutiérrez y Berta Piñán. Y es también, señores de Ciudadanos, el país donde mis tíos, que llegaron de Andalucía para vivir en las casas-cuevas de Sant Oleguer de Sabadell, defienden hoy el plurilingüismo del Estado. Esa es, señor Cantó, la riqueza de nuestro país que ustedes no entienden. Ustedes, con esta propuesta, lo que quieren es convertir a España en la Vetusta de La Regenta, esa heroica ciudad que duerme la siesta y que hace la digestión del cocido y de la olla podrida. Y es que hasta que ustedes nacieron no existía conflicto lingüístico y ahora, después de incendiar y tensionar la situación política en Cataluña, se dedican a exportar esa división a todo el Estado. No les importa la política de tierra quemada siempre que para ustedes suponga un rédito político o electoral. Han traído a esta tribuna la educación, el adoctrinamiento, los símbolos, los himnos, las fuerzas de seguridad del Estado, y les faltaba la lengua…”
Por el Grupo Parlamentario Socialista Maria Mercè Perea i Conilla:
“Esta iniciativa pretende cambiar las reglas de juego, señor Cantó. Señores de Ciudadanos, pretenden atentar contra la Constitución y es que un titular no lo vale todo; léanse el artículo 3 de su iniciativa. Miren, esta proposición de ley altera no solo el artículo 3 de la Constitución sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y además altera el normal funcionamiento de las administraciones públicas respecto de la ciudadanía, respecto de los ciudadanos. Por ello, este grupo no la va a apoyar, primero, porque desconoce intencionadamente no solo el ordenamiento jurídico constitucional en materia de lenguas cooficiales, sino que desconoce la realidad de este país. Pero escuchando al señor Cantó tengo que añadir que no solo no conoce la Constitución ni el ordenamiento jurídico ni las sentencias del constitucional, es que no conoce ni su propia iniciativa
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 5 votos telemáticos, 344; a favor, 167 más 1 voto telemático, 168; en contra, 172 más 4 votos telemáticos, 176. La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tomó en consideración.
Quiero cerrar con estas líneas tras describir lo fundamental de los argumentos, con unas breves reflexiones. De nuevo, nos encontramos con el tema lingüístico usado como arma arrojadiza, en concreto, de una manera claramente oportunista por parte de Cs. Todo lo que pueda servir para ganar votos está legitimado. Lo que está claro nos guste o no, que tal Proposición de Ley va en contra, como ha quedado expuesto, de la Constitución, de sentencias del Tribunal Constitucional y de los Estatutos de Autonomía. Por encima del derecho del funcionario al acceso y la promoción en el empleo público están los derechos lingüísticos de los ciudadanos, que obligan a la Administración a que a esos ciudadanos se les atienda en su lengua, por lo que la Administración tiene la obligación de poner sus recursos para que los derechos lingüísticos de quienes demandan en lengua cooficial puedan ser atendidos. Es lo que marca la ley. Si no nos gusta se cambia. Pero es la que hay. Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el punto 4 del artículo 33 dice: Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña ha de acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales que lo hagan apto para cumplir sus funciones laborales. Y podíamos recurrir también al Estatuto de Euskadi.
Quiero referirme a un hecho personal. Yo aprobé las oposiciones libres por Geografía e Historia en 1985 en la Comunidad Valenciana. El conocimiento de valenciano, para otros allí catalán, no era exigido como requisito. Quienes no podíamos demostrar el conocimiento del valenciano, que se hacía con una prueba de habla, tuvimos que firma un documento de compromiso para aprenderlo en los años sucesivos. No se especificaba más, lo que significaba mucha libertad para reciclarte en el tiempo. A pesar de ello, yo hice 3 cursos de valenciano, para otros allí catalán, uno de ellos en las vacaciones del verano en Cheste, lo que me permitió alcanzar el certificat de grau mitjà, de lo que me siento orgulloso. Y con relativa frecuencia suelo comprarme algún periódico en català para recordarlo. Ojalá pudiera hacerlo también en euskera, gallego, aragonés… Todas son lenguas españolas. Además de un extraordinario patrimonio cultural, del que todos los españoles deberíamos estar orgullosos.
Termino, ruego perdonen mi licencia, con las palabras finales de la intervención del diputado de PNV Joseba Andoni Agirretxea Urresti:
“Para acabar, le voy a citar un poema de Gabriel Aresti dedicado a Tomás Meabe. Tomás Meabe fue el fundador de las Juventudes Socialistas. Y decía al final Aresti: Cierra los ojos muy suave, Meabe, pestaña contra pestaña, que solo es español quien sabe las cuatro lenguas de España.
Yo, como solo sé dos, por algo no lo soy, pero parece que en esto se confundió Aresti. Solo es español quien sabe una lengua de España”.
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