“A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol: recorda sempre això, Sepharad. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats i l’aire passi com una estesa mà suau i molt benigna damunt els amples camps. Que Sepharad visqui eternament en l’ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat”.
¿Está clara mi intención? Supongo que sí. Por si acaso, alguno no la tiene clara, la repito. No tengo otra intención que mostrar las actuaciones, para mí, irresponsables de alguna fuerza política de carácter estatal, guiadas exclusivamente por una rentabilidad electoral. El tema me preocupó tanto, que unos meses después, el 26-4-2010, publiqué en el mismo periódico El Periódico de Aragón, otro artículo, titulado La impaciencia de Cataluña, que también reproduzco, aunque repite algunas ideas del anterior, incorpora algunas otras plenas de significado político, como la advertencia de una institución de la derecha catalana, como es el Círculo Ecuestre, su presidente Manuel Carreras, le manifestara a Rajoy unas palabras muy duras: “No nos gusta ver al PP en los extremismos, se debe evitar la fractura entre Cataluña y España, aunque le reporte votos en otros lugares”. Ambos los reproduzco por su interés y para que nos sirvan de reflexión a todos aquellos que como españoles nos preocupa el problema de Cataluña, el más grave problema institucional como mínimo de 100 años acá. Y me parece una visión muy errónea el esconder la cabeza como el avestruz ante el problema. Claro que estoy harto. Pero, como muchos, debemos seguir preocupados por él. No queda otra opción. Bajar la guardia es de cobardes.La dignidad de Cataluña El Periódico de Aragón 28-11-2009
“El 26 de noviembre de 2009 se acaba de publicar un editorial por parte de 12 periódicos catalanes, La Dignidad de Cataluña al que se han sumado emisoras de radio, y numerosas personas e instituciones de la sociedad civil catalana. Es probable que esta fecha y este documento se conviertan en acontecimientos de gran trascendencia histórica. Tiempo al tiempo. Este escrito tan consensuado en las entrañas de la sociedad civil catalana, se ha generado por la tardanza desde el Tribunal Constitucional a responder al recurso de anticonstitucionalidad, interpuesto por el PP, el Defensor del Pueblo, y las Comunidades Autónomas de Murcia, La Rioja, Aragón, la Comunidad Valenciana y las Illes Balears, contra el nuevo Estatuto de Cataluña, promulgado el 20 de julio del 2006 por el Jefe del Estado, rey Juan Carlos aprobado por el Parlament, con el visto bueno de las Cortes españolas, y ratificado en referéndum. El escrito emitido desde Cataluña es de gran enjundia y calado. Manifiesta una profunda preocupación, algo totalmente democrático, porque el TC pueda dictar una sentencia que recorte el Estatuto, en aspectos como la desaparición del término nación en el preámbulo del Estatuto, con la consiguiente emanación de «símbolos nacionales»; el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Cataluña, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Muestra su preocupación porque una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay preocupación en Cataluña y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio desde el españolismo oficial, y acatan las leyes. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Cataluña pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones con amplio apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable Como era de esperar desde importantes medios de información de la capital de España, como El Mundo, no han tardado en lanzar gravísimas acusaciones contra este escrito: Los partidos catalanes, excepto el PP, se han pronunciado contra una sentencia que todavía no existe, al estilo de lo que hacían los militares en el siglo XIX cuando no estaban conformes con el Gobierno de turno. Ahora bien, en el siglo XIX y principios del XX, no había en España un auténtico Estado de Derecho como el que alumbró la Constitución de 1978. En consecuencia, lo que está pasando ahora, jurídicamente hablando, es mucho más grave que aquellas célebres asonadas militares. Tan grave, que la acción de los miembros del Gobierno catalán constituye presuntamente un claro delito tipificado en nuestro actual Código Penal. Estas afirmaciones son de una profunda gravedad. Como no podía ser de otra manera, desde el PP su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha considerado «absolutamente intolerable» que se presione al Constitucional desde el ámbito político «o desde cualquier otro punto de vista» en relación con la decisión sobre el Estatut, al ser preguntada por el editorial conjunto de la prensa de Cataluña. La «número dos» de este partido ha subrayado que el responsable de la situación actual es el presidente del Gobierno, quien, a su juicio, es «culpable» de que los ciudadanos catalanes «se puedan sentir engañados». La derecha española, incluida la de la democracia actual, nunca ha hecho un esfuerzo serio y generoso para entender el problema de Cataluña, que está revoloteando hace mucho tiempo ya y de gran complejidad su resolución, por otra parte. No ha caído a nosotros de una teja el 14-M. De verdad, la cuestión catalana es más compleja. El tema de incardinar Cataluña dentro de la estructura del Estado español, cabe reconocerlo no es tarea fácil. Ya lo reconoció en tiempos de la II República, Ortega y Gasset. Reconociendo el problema, hay que negociar, pactar, y dialogar. Lo que debe hacerse es tender puentes entre Cataluña y España y no dinamitarlos a cañonazos verbales, y presentando recursos contra una Ley Orgánica, que ha sido refrendada por las Cortes españolas, el Parlament de Catalunya y aprobada en referéndum por el pueblo de Cataluña”.La impaciencia de Cataluña. El Periódico de Aragón. 26-4-2010
“La situación ha sobrepasado los límites de lo razonable. El Tribunal Constitucional (TC), acaba de fracasar en su quinto intento en cuatro años de sacar adelante un fallo sobre el recurso presentado por el Partido Popular, además de otras comunidades Autónomas contra el Estatut de Cataluña. Conviene hacer un poco de historia. El Parlament aprobó con un porcentaje del 88% de sus diputados, haciendo uso de su soberanía, un proyecto de Estatut; fue remitido a las Cortes españolas, donde tras ser revisado, con las consiguientes modificaciones en su articulado, tanto en el Congreso como en el Senado, fue devuelto a Cataluña, donde fue ratificado finalmente por referéndum de los catalanes. A pesar de esta circunstancia el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. Obviamente está en su derecho, mas considero que antes de presentarlo debería haber pensado en sus posibles consecuencias en las relaciones futuras entre Cataluña y España, en el caso de que se introdujeran por parte del TC unas mermas importantes al Estatut. Además otros Estatutos con artículos iguales que los del Estatut, no los ha recurrido. Difícil de entender este comportamiento contradictorio. Ya con anterioridad tampoco le importó en llevar el tema a las calles, manipulando la información y presentando como un ataque a la integridad de España y contra el resto de los españoles; para encender una hoguera de odios y condenas contra los catalanes. Tampoco debemos olvidar la manifestación celebrada, en la ciudad de Salamanca, para protestar la decisión del Gobierno socialista de devolver documentos del Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña, en la que el PP incitó los instintos más primarios de sus correligionarios, recurriendo al anticatalanismo más primitivo. Tengo la impresión de que los dirigentes populares no son conscientes de la desconfianza que han sembrado hacia Cataluña en buena parte de España, con el consiguiente costo político, que será muy difícil de recuperar. O puede que sí lo sean, y no les importa, al considerar que les es muy rentable electoralmente en el resto del Estado español. Actuaciones como las comentadas generó que en la anterior legislatura, una institución de la derecha catalana, como es el Círculo Ecuestre, su presidente Manuel Carreras, le manifestara a Rajoy unas palabras muy duras: No nos gusta ver al PP en los extremismos, se debe evitar la fractura entre Cataluña y España, aunque le reporte votos en otros lugares. Obviamente, los populares han culpado de todo a Rodríguez Zapatero, con el argumento de que ha creado un problema donde no lo había, al haber despertado entre la clase política catalana unas expectativas infundadas. Afirmar tal cosa, no puede ser producto más que de un gran dosis de irresponsabilidad política, como de un desconocimiento total de nuestra historia. En la Historia de España uno de los problemas es el de la vertebración territorial. Y especialmente lo es el incardinar Cataluña y Euskadi en el Estado español. Ya lo reconoció en tiempos de la II República, Ortega y Gasset. Admitido el problema, hay que negociar, pactar, y dialogar. Lo que debe hacerse es tender puentes entre Cataluña y España y no dinamitarlos a cañonazos verbales. Según al catedrático de la Universidad de Valencia, Joan Romero, lo que se pretendía en este proceso abierto en la legislatura 2004-2008 de reformas estatutarias, en un sentido federal, era una amplia puesta al día del Título VIII de nuestra Constitución, desde la perspectiva de décadas de experiencia, como miembro de la Unión Europea y como Estado compuesto, la propia jurisdicción del TC, y los importantes cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Que estas reformas, impulsadas por los socialistas eran oportunas, lo demuestra el hecho de los amplios consensos alcanzados en la mayoría de los parlamentos regionales que han tramitado sin más problemas las respectivas propuestas de reforma. De no surgir una sentencia del TC que modifique sustancialmente los contenidos del Estatut de Cataluña, ya en vigor, y por analogía otros, como el andaluz, que tiene gran cantidad de artículos con idéntica redacción al recurrido, cuando hayan terminado todas las reformas estatutarias en curso, se habrá alcanzado una importante profundización en el autogobierno de España en sentido federal, entendiendo tal como señala Daniel Elazar, profesor de ciencias políticas en la Universidad Bar Ilan (Israel) y la Universidad de Temple, Filadelfia, Pennsylvania: El principio federal se refiere a la combinación de autogobierno y gobierno compartido. De todo lo dicho, cabe entender la impaciencia lógica, manifestada hace meses ya en la editorial publicada en los medios de comunicación catalanes de La dignidad de Cataluña, que comienza a cundir ahora todavía más en amplios sectores de la sociedad y la clase política catalanas, ante el retraso de una sentencia del TC; como también que el presidente catalán haya entablado contactos con todos los líderes políticos catalanes, excepto del PP catalán y Els Ciutadans, para que, en el próximo pleno, el Parlament apruebe una resolución a favor de la renovación del T.C., a lo que se niegan por ahora tanto el Gobierno y el PP, y que pueden generar grietas profundas entre el PSC y el PSOE, circunstancia que produce gran regocijo en el PP y CIU. Cándido Marquesán
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