Mientras que en España estamos viviendo una de las peores crisis financieras y económicas de su historia vemos como el erario público deja de ingresar más de 90 mil millones de euros por el fraude fiscal y la corrupción. ¿Qué han hecho hasta ahora los sucesivos Gobiernos para erradicar o aminorar el fraude fiscal?. Nada, que no sea la de otorgar una amnistía fiscal a los defraudadores, la de ocultar la identidad de los contribuyentes que mantienen cuentas opacas en el extranjero para evitar tributar en España y la de poner trabas a los funcionarios de la Agencia Tributaria para que investiguen a las multinacionales y a las grandes fortunas.
Ante esta situación cabe preguntarse si existen soluciones para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción. Sin ningún tipo de ambages, distintos expertos en la materia nos dicen que sí existen soluciones, solo hace falta voluntad política para ponerlas en práctica.
Con la recuperación de estos 90 mil millones de euros por el fraude fiscal podrían servir, entre otras cosas, para:
• Financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, la renta básica universal, las viviendas sociales, etc.
• Evitar los recortes salariales de los trabajadores públicos y la subida de impuestos sobre las rentas del trabajo.
• Poner en marcha políticas de desarrollo ecológico y social.
Medidas que se podrían tomar contra el fraude fiscal y la corrupción
1.- Reforzando el control sobre las grandes fortunas y las grandes corporaciones mediante el incremento de los recursos humanos y económicos destinados a la lucha contra el fraude fiscal, fundamentalmente en el ámbito de la Agencia Tributaria.
Desde que se creó la Agencia Tributaria en el año 1992, esta posee el mismo número de empleados públicos mientras ha aumentado el número de contribuyentes a los que inspeccionar. En el año 2009 el número de ciudadanos por cada empleado de la Administración Tributaria era de 697 en los Países Bajos, 729 en Alemania, 860 en Francia, 862 en el Reino Unido y de 1.928 en España.
Además en términos de gasto como porcentaje del PIB, España aplica en la lucha contra el fraude un tercio de lo que Francia y menos de la mitad que Alemania. Siendo en estos países la economía sumergida mucho menor que en España al dedicar un mayor gasto en su erradicación. En los últimos años el presupuesto de la Agencia Tributaria española se ha reducido en un 12%, asimismo se ha reducido de forma efectiva el numero de medios humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal, paralizándose la oferta de empleo público en 2012.
El Artículo 31 de la Constitución española, en su punto 1 dice: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio». Pues bien, la Agencia Tributaria da un trato diferente según el tipo de contribuyente o renta. Mientras que las rentas derivadas del trabajo y del capital mobiliario se someten a una vigilancia exhaustiva, las rentas derivadas de actividades económicas y de las grandes corporaciones, en particular el fraude sofisticado, no están sometidas de igual manera, existiendo graves deficiencias en su control.
Para combatir el fraude fiscal hay que dotar a la Agencia Tributaria de más medios humanos, de mayores medios materiales y presupuestarios, así como realizar profundos cambios normativos.
• Incrementando el personal de la Agencia Tributaria hasta equipararlo a la media de los países que integran la Unión Europea.
• Dotando a la Agencia Tributaria de un mayor presupuesto, recuperando como mínimo el perdido durante estos últimos años.
• Cambiando la planificación, los objetivos y los baremos de la Agencia Tributaria de acuerdo con las propuestas realizadas por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado.
• Independizando realmente la Agencia Tributaria aislándola de las influencias políticas mediante la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria (pendiente de su creación desde el año 1992). Asimismo el nombramiento del Director de la Agencia Tributaria debe hacerlo el Parlamento, con una mayoría cualificada y por el plazo de seis años. Asimismo, se hace necesario erradicar el nombramiento de los puestos de trabajo por libre designación, al igual que debería de ocurrir en todas las Administraciones Públicas.
• Creando una Oficina Integral de lucha contra el fraude que coordine los departamentos ministeriales, autonómicos y locales con acceso a sus distintas bases de datos.
• Eliminando del Código Penal «la excusa absolutoria» del Delito Fiscal, por la que los Jueces y Tribunales pueden imponer al autor del delito una pena inferior en uno o dos grados siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos.
2.- Poniendo en marcha un sistema impositivo justo que sea capaz de recaudar lo suficiente para financiar el Estado de Bienestar, favoreciendo a las rentas del trabajo frente a las del capital.
Para lograr este objetivo se hace necesaria e imprescindible una verdadera reforma fiscal que corrija las injusticias del actual sistema, en la que los contribuyentes aporten al erario público en función de su capacidad económica de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 31 de la Constitución española, favoreciendo a las rentas del trabajo frente a las del capital, mediante las siguientes medidas:
• Eximiendo del pago del impuesto sobre la renta a quienes ganen menos de 16.000 euros anuales, es decir estarían exentos de retención quienes obtuviesen rentas brutas inferiores a esta cantidad.
• Incorporando al Artículo 31 de la Constitución española la prohibición absoluta de otorgar amnistías fiscales. Igualmente incorporar la prohibición de que las Comunidades Autónomas puedan realizar exenciones fiscales a su parte correspondiente de los impuestos del Estado. Asimismo, incorporar la obligatoriedad de pagar impuestos a todas las órdenes religiosas.
• Unificando en un solo impuesto el IRPF y el Impuesto de Patrimonio respetando un mínimo exento.
• Gravando con mayores impuestos a la SICAV,s valorando de forma homogénea su patrimonio a precios de mercado.
• Equiparando el impuesto de sociedades a la media de los países que integran la Comunidad Económica Europea, eliminando la mayoría de las deducciones fiscales que hoy disfrutan la mayoría de las empresas, fundamentalmente las grandes corporaciones.
• Recentralizando la capacidad normativa de los impuestos de donaciones y sucesiones que ahora están cedidos a las Comunidades Autónomas.
• Creando dos nuevos impuestos sobre el sector financiero, uno gravaría el pasivo del endeudamiento financiero y el otro sería sobre los bonus de los directivos.
• Equiparando el IVA, en la medida de lo posible dada nuestra situación económica, a la media de los países que integran la Comunidad Económica Europea. Dada la situación económica por la que atraviesan muchas familias españolas se debería de aplicar el IVA superreducido a todos los productos de primera necesidad, incluidos los productos necesarios para preservar la salud, la sanidad e higiene personal y los referentes a la educación. Asimismo, se debería de aplicar el IVA superreducido a todos los productos y actividades culturales.
• Solicitando a la Unión Europea la implantación de un nuevo IVA que grave los bienes, productos y servicios de lujo.
• Solicitando la armonización de la fiscalidad en la Unión Europea mediante la Unión Fiscal.
3.- Haciendo público la identidad de aquellos contribuyentes que mantienen cuentas en el extranjero con el fin de evadir impuestos.
Cuando un ciudadano normal y corriente deja de pagar el IBI, una tasa o una multa su nombre sale publicado en los Boletines Oficiales de las respectivas provincias, entonces cabe que nos preguntemos, ¿Por qué no se han de publicar los nombres de los que mantienen cuentas en el extranjero sin declararlas en España con el fin de evadir el pagar impuestos?. Sería una medida ejemplarizante el que todos los ciudadanos conociésemos la identidad de los evasores de impuestos.
4.- Eliminando los paraísos fiscales y, mientras esto no se consiga, sancionar duramente a las empresas españolas que utilicen o incentiven su uso.
No se puede consentir que existan paraísos fiscales, y mucho menos que las empresas españolas cotizadas en el IBEX35 paguen menos impuestos que las medianas y pequeñas empresas valiéndose de la laxitud de la legislación fiscal española.
De las 35 empresas cotizadas que componen el IBEX35, 33 de ellas tienen sociedades participadas con domicilio social en países considerados como paraísos fiscales y cuyas actividades declaradas no tienen relación con la producción de bienes o prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera y sociedades holding. Las 33 empresas cotizadas son: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, ArcelorMittal, Bankia, Bankinter, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander CH, Bolsas y Mercados, CaixaBank, Ebro Foods, Enagás, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, IAG Iberia, Inditex, Mapfre, OHL, Red Eléctrica, Repsol, Técnicas Reunidas, Mediaset y Telefónica. Las dos empresas no incluidas son Indra y Sacyr Vallehermoso; aunque ambas dos tienen varias empresas en paraísos fiscales su actividad está relacionada directamente con su operativa de negocios en los países en los que actúan.
Si alguien siente curiosidad por saber cuáles son las sociedades participadas de estas empresas cotizadas en el IBEX35 puede obtener dicha información en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A modo de ejemplo citaremos a Telefónica y Endesa. Una de las sociedades participadas de Telefónica es Telefónica Finance USA, L.L.C. domiciliada en el Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, sociedad controlada por Telefónica, S.A. a través de la sociedad Telefónica Europe, B.V. En cuanto a Endesa, una de sus sociedades participadas es Endesa Capital Finance, L.L.C. domiciliada también en el Estado de Delaware y controlada en su totalidad, de forma indirecta, por Endesa, S.A. a través de la sociedad Internacional Endesa, B.V. El Estado de Delaware está considerado paraíso fiscal por la legislación española, la OCDE, el Parlamento Europeo o la Tax Justice Network.
Para eliminar los paraísos fiscales habría que solicitar a la Unión Europea las siguientes medidas:
• Revocación de las licencias bancarias de las instituciones que favorezcan el fraude fiscal y se nieguen a colaborar con las Autoridades Tributarias y Judiciales.
• Tipificar los delitos fiscales como delito principal en relación con el blanqueo de capitales.
• Solicitar a los países miembros de la Unión Europea que eliminen de su legislación aquellos aspectos que dificultan la cooperación y el intercambio de información fiscal.
• Solicitar la incorporación de una base imponible consolidada común del Impuesto de Sociedades que evite la utilización de los precios de transferencia para evadir impuestos.
5.- Obligando a las multinacionales que operan en España a declarar aquí los beneficios obtenidos y los impuestos pagados.
No se puede consentir que las grandes multinacionales instaladas en España, ya sean productoras de bienes y servicios o comercializadoras, escasamente tributen en España por el negocio que generan en nuestro país trasladando el mayor importe de su facturación a otros países con tributación más baja e inclusive a paraísos fiscales. El ejemplo lo podemos tener en las siete grandes multinacionales de informática e internet: Apple, Google, Amazon, Facebook, eBay, Microsoft y Yahoo, que trasladan la mayor parte de su facturación a países europeos como Irlanda y Luxemburgo.
6.- Luchando firmemente contra la corrupción en España
Los ciudadanos españoles estamos sufriendo una de la peores crisis económicas que se han dado en España, sufriendo el mayor nivel de desempleo de todos los países occidentales y de los mayores recortes sociales habidos en toda la historia, sin que se vea luz al final del túnel y observando como el nivel de corrupción y fraude fiscal se ha instalado firmemente en España con practicas casi mafiosas.
En los últimos años estamos viendo como jueces que están luchando contra la corrupción y el fraude fiscal están siendo apartados de sus labores cotidianas expulsándolos de la carrera judicial con el beneplácito o la instigación de la Fiscalía General del Estado. Al igual que vemos como responsables de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), son cesados y apartados de sus cargos, o dimiten hartos de las presiones políticas. Casos como el de Gürtel, Bárcenas, Noos, Bielsa, ERES…, son más que representativos del nivel de corrupción existente en España. Por ello, no nos debe de sorprender que la Comisión Europea señale a España como uno de los países con más corrupción en su informe anual sobre la corrupción en el que dedica un capítulo a España junto con estadísticas informativas, indicando que las mayores prácticas de corrupción habidas en las últimas décadas se han producido en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. La práctica de la corrupción se ha extendido en estas últimas décadas como una mancha de aceite por todo el territorio nacional en donde algunos políticos sin escrúpulos, actuando en simbiosis con poderes económicos, se han venido enriqueciendo ilícitamente amparados por los «aparatos» de los partidos políticos que actuando bajo la «ley de hierro de las oligarquías» han permitido sus latrocinios y que la corrupción sea hoy vista por la inmensa mayoría de los ciudadanos como su segunda preocupación tras el desempleo.
Para actuar firmemente y con voluntad política contra la corrupción, se debe:
• Modificar la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que se dote a estos de una verdadera democracia en su estructura interna y de una mayor transparencia económica y de financiación, para que dejen de actuar bajo la «ley de hierro de las oligarquías».
• Eliminar la libre designación de los funcionarios en todas las Administraciones Públicas, incluidas las de los Cuerpos con habilitación de carácter nacional (Secretarios, Interventores y Tesoreros).
• Dotar a los Cuerpos con habilitación de carácter nacional de más poderes en el control y fiscalización en las Administraciones Públicas.
• Modificar la Ley de Contratos del Sector Púbico para que los políticos no formen parte de las Mesas de Contrataciones, al igual que se hizo en la de los Tribunales de selección de personal de las administraciones Públicas.
• Efectuar un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las Administraciones y de partidos políticos. Debería ser un plan de carácter permanente e incluirse, por tanto, cada año en el Plan de Control Tributario.
• Obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria, en la forma, plazos y modelos que se determinen, la información obrante en los Registros de Bienes Patrimoniales de cada Entidad Local, así como en cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones, como es la Declaración de bienes y rentas que han de presentar los Diputados en el Congreso.
• Efectuar un seguimiento patrimonial especial por la AEAT de las personas condenadas por corrupción.
• Tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de los bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo.
• Reforzar la denuncia pública, regulándose canales de información que garanticen la necesaria confidencialidad a los ciudadanos, o empleados de empresas o instituciones que, disponiendo de información relevante para la lucha contra la corrupción, quieran transmitirla a las instituciones y órganos encargados de investigarla.
• Potenciar la fiscalía anticorrupción, incrementando el número de Inspectores y Técnicos, para que auxilien a la fiscalía en la persecución de este tipo de delitos.
• Aprobar una ley anticorrupción. En la tramitación de dicha ley deberían ser oídas necesariamente todas las asociaciones profesionales de funcionarios que tengan atribuidas legalmente funciones de supervisión y control, con el objetivo de conocer las deficiencias y necesidades de los órganos de supervisión y control, y de dotarles de las facultades legales y medios necesarios.
• Solicitar a la Unión Europea la eliminación de los billetes de 500 y 200 euros.
Todos contra el fraude fiscal y la corrupción
La ciudadanía debemos de exigir a los poderes públicos que actúen firmemente contra la evasión fiscal, la economía sumergida y la corrupción política, financiera y económica.
Creemos que sí hay soluciones para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción con las medidas que se han expuesto. Luchar contra el fraude, la evasión fiscal y la corrupción es una cuestión de voluntad política.
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