Iglesias, Montero y la polémica del chalé

La polémica del chalé

Justo cuando andamos en año preelectoral PODEMOS ha vuelto a verse inmerso en una polémica innecesaria que viene a sumarse a una serie de conflictos que, como poco, cuestionan el carácter profundo de una formación que se quería novedosa y radicalmente alejada de los comportamientos y dislates que tanto afectan a los llamados partidos tradicionales.  Tuvo problemas Monedero. Los tuvo Errejón. También Espinar y, en Aragón, no hace mucho tiempo, Guillermo Lázaro.  De una u otra manera todos lograron superar el trance, acaso debidos a la inexperiencia propia, por una parte, y al acoso mediático de quienes porfían para dar al traste con un proyecto ilusionante, por otra.

Ahora les ha tocado a Pablo Iglesias e Irene Montero, respectivamente números uno y dos de la formación podemita, a causa del asunto de la compra de un chalé, asunto sobradamente conocido por todos y que por ello mismo nos ahorra incidir en detalles más que conocidos. Que están en su legítimo derecho a comprar una vivienda nadie puede discutirlo. Pero que deberían de haber medido las consecuencias de su elección es algo que no puede sorprender a nadie. Si la denuncia y ataque a esa miserable burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho y está haciendo a la economía española fue uno de los estandartes señeros de quienes dando un paso adelante dieron forma partidaria al movimiento del 15-M, no parece político ni inteligente hacerse propietarios de un chalé cuyo precio final rebasa con creces los 600.000 euros. En tal decisión, particular, inciden cuestiones morales, éticas y estéticas que deben circunscribirse al dominio estrictamente privado y que en ningún caso deberían de tratar de ampliarse al ámbito de lo político. ¿Por qué tiene que decidir la militancia de PODEMOS si el secretario general y   la portavoz parlamentaria deben dimitir de sus cargos orgánicos e institucionales por la mencionada compra? Se quiera o no, en tal decisión subyace un cesarismo ya perceptible en muchas de las decisiones adoptadas por Iglesias en otros ámbitos. A buen seguro que la militancia acordará que no ha lugar para la dimisión. Pero ¿qué pensaran los millones de votantes que no son inscritos? ¿Cómo reaccionarán en las urnas quienes viven pagando carísimos alquileres y no tienen posibilidad alguna de lograr una hipoteca para comprarse un piso? ¿Qué pensarán los ciudadanos que por no tener un trabajo fijo jamás conseguirán la benevolencia del banco de turno, no para que les cedan 600.000 euros, sino 120.000, por poner una cifra? Iglesias y Montero carecen de trabajo fijo, han firmado un crédito por 30 años y cabe pensar que no tienen la voluntad de ejercer durante todos esos años como diputados. Si Iglesias y Montero tienen la absoluta conciencia de haber obrado correctamente no tenían porqué realizar la consulta de marras.

Si entienden que acaso se han extralimitado y su proceder será lesivo para PODEMOS, hubiera sido suficiente con su dimisión. Y después están las instancias de la formación para actuar en consecuencia. ¿Tendrán que realizar otra consulta para decidir cómo se llamarán los gemelos que pronto nacerán? Un partido no puede estar al servicio su líder ni vinculado tan fuertemente a algunas personas, sino de la sociedad y de su electorado. Una formación política, máxime si pretender los hermosos objetivos que PODEMOS se propone, no puede construirse en torno a personas, por más valiosa que sean, sino a debates y contenidos políticos. Cabe pensar que antes de votar, habrá debate y confrontación política. Lo contrario es lo dicho, más cesarismo.

Nadie puede objetar el derecho a una vivienda, si es digna mejor. Pero en el caso de quienes tanto empeño ponen en cambiar hacia mejor la realidad, hay que ser exquisitos, pues se deben a las ideas y valores por los que han sido votados. Parece excesivo y acaso injusto lo expresado por el diputado de la Asamblea de Madrid Isidro López en el sentido de que “lo que acaban de hacer Iglesias y Montero es dinamitar Podemos como organización” pero si parece atinado apuntar que comprarse en chalé en galapagar no es moralmente reprobable, sino políticamente torpe”.