Necesitamos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como una organización de la justicia que vele por los derechos elementales de las personas y las proteja de arbitrariedades.
Días atrás he tenido ocasión de leer la comunicación de una sanción administrativa de 150.000 pesetas a un estudiante (quizá equivalentes a unos 30.000 €), firmada por el Gobernador Civil de Zaragoza en marzo de 1974 y que hubo de pagar con un mes de cárcel tras su arresto en Comisaría. En su escrito, el gobernador justificaba la multa en que el sancionado había tomado la palabra en diferentes asambleas para reclamar la libertad de expresión, así como la abolición de la pena de muerte, todo ello, dice, ilegal y de carácter subversivo. Además,como el sancionado lo había hecho reiteradamente durante tres años, la autoridad le supone uno de los responsables de las alteraciones en la vida académica que llevaron al rectorado a cerrar la Universidad. Meses después, fue condenado por el Tribunal de Orden Público a un año de cárcel y multa de 10.000 pesetas por el delito de propaganda ilegal, ya que en el registro de su vivienda se encontraron libros y revistas “de marcado contenido subversivo”.
Su lectura me hizo recordar la liberalidad con que algunos Delegados o Subdelegados del Gobierno han repartido sanciones administrativas a manifestantes -incluso a grupos de personas congregadas en número superior a diez (teniendo como prueba única e irrefutable de su “ilegalidad” el testimonio de los agentes de la autoridad). O la firmeza de los jueces de Audiencia Nacional en condenar a titiriteros, tuiteros y cantantes por unos más que dudosos delitos de opinión.
El efecto de aquellas sanciones y condenas lo vimos casi de inmediato: el freno a la reivindicación social.
Sólo que desde 1978 tenemos una Constitución que consagra las libertades de expresión, reunión y asociación como pilares del ordenamiento jurídico y elementos básicos de nuestra convivencia.
Ya, sí, claro, pero el Congreso de los Diputados introdujo modificaciones en el código penal, (eso que llamamos LEY MORDAZA) y que someten el ejercicio de las libertades democráticas al arbitrio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que otorga la capacidad de decidir quiénes son delincuentes en estas materias y, además, su sólo testimonio basta para la acción punitiva por parte de Delegados del Gobierno o de los jueces.
Quizá ahora mismo se estén aplicando con menos fervor que el 2011, pero las normas siguen vigentes y favorecen condenas por “delitos de odio” (lo que serían opiniones) a quienes no conciben un estado controlado por una minoría católica; es decir, se permiten condenar la libertad de expresión.Y, tal y como se exige la notificación previa a la autoridad para cualquier acto en espacio público, las libertades de reunión y manifestación quedan al arbitrio de la autoridad gubernativa.
Si, cuando la dictadura, estas libertades parecían imprescindibles para que la protesta social pudiera ejercerse sin temor fundado a multas, detenciones, malos tratos en las comisarías y cárcel, ¿cómo es que ahora no parece tan evidente la necesidad de que las fuerza y cuerpos de seguridad, así como la justicia estén precisamente para proteger el ejercicio de estos derechos y no para reprimirlos?
La supresión del privilegio de la verdad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me parece imprescindible para conseguir una sociedad de iguales sin discriminación por el género, el lugar de nacimiento o el color de la piel. Además, esta ley ha sido el anclaje para el crecimiento de grupos supremacistas en las fuerzas de seguridad. Y, con ello, la dificultad para sancionar algunos comportamientos delictivos en sus actuaciones. Y, también, ha dificultado eliminar las condecoraciones a antiguos torturadores policiales de la transición. Hace falta que se eliminen del Código Penal para evitar tantas y tantas sanciones económicas arbitrariamente impuestas a quienes defienden su dignidad (recordemos las multas y detenciones a piquetes de huelga, a manifestantes, a las mareas blanca y verde…) Y, pienso, que si todavía no lo han hecho en las movilizaciones feministas, se debe a que ya disponen de tribunales y de tertulianos en los medios para sancionar, perseguir y acosar a las mujeres víctimas de violencia machista y, con ello, a todas las mujeres y hombres que se esfuerzan por la igualdad.
Es ya la hora de corresponsabilizar a la ciudadanía con los valores republicanos (igualdad, fraternidad, libertad). Y, pienso, PODEMOS es la fuerza política que mejor puede garantizar la supervivencia y la dignidad de cada una de las personas.
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