Hace apenas unos días y al hilo de la reciente movilización social del 8 de marzo a favor de la igualdad de género, el Gobierno de Aragón anunció la apertura de un proceso participativo para la elaboración del Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón. Será la segunda vez que se convoque este proceso de participación ciudadana a fin de integrar propuestas y mejoras en la constitución del futuro Plan Estratégico que habrá de guiar la práctica gubernamental y presupuestaria del próximo cuatrienio.
Desde que se aprobó LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón se han aprobado dos planes, de los cuales sólo el correspondiente a los años 2014-2017 fue sometido a un proceso abierto de participación en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana. Ahora, para elaborar, implementar y evaluar el Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Aragón 2018-2021 se convoca una sesión informativa en la sala Zurita (puerta 19) del edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón, el 19 de marzo a las 12 h. En ella, se informará del proceso de participación y de la metodología a seguir. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, esta nueva convocatoria de participación ciudadana no puede ni debe limitarse a un alcance participativo como el de ediciones anteriores donde los procesos de participación y cooperación se circunscribían a ámbitos interdepartamentales, especializados y de asociaciones consolidadas en el ámbito de la violencia de género. La ley integral del 2007 tuvo el acierto de universalizar la categorización de la violencia que sufrían las mujeres a ámbitos hasta entonces no considerados, como la violencia en el ámbito laboral, docente, cultural o social. Esa misma ley establece que los agentes implicados en la lucha para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer deben intervenir en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas. ¿Quiénes son esos agentes?, ¿quién se arropa la facultad de decidir quién está implicado y quien no lo está?, ¿no es toda la sociedad, en todos sus ámbitos la implicada?, ¿no somos todos los llamados a una corresponsabilidad preventiva y combativa? La masiva movilización del 8 de marzo en Aragón no sólo reivindicó el derecho a una igualdad salarial, sino que canalizó todas las reivindicaciones de los colectivos feministas, en especial su lucha contra la violencia machista, en un movimiento social. La mutación que va de la protesta social feminista hacia la cristalización de movimiento social no ocurrió un 8 de marzo, sino que viene operando desde hace ya mucho tiempo. La huelga y las manifestaciones son sólo una sintomatología política que gestores de la res pública y cargos electos no pueden eludir. De ahí, que sea hoy más obligado que ayer, una convocatoria amplia a todos los colectivos y asociaciones feministas, a los centros educativos y AMPAs, a las asociaciones patronales, a entidades culturales y artísticas, asociaciones juveniles, medios de comunicación y congregaciones inter-religiosas, seguridad privada, cuerpos de seguridad y defensa. La posibilidad de asistir a los talleres participativos o hacer propuestas no puede quedar limitada a los mismos agentes sociales de siempre (sindicatos, hospitales, UNIZAR, AMANIXER, APIP, Cáritas, Cruz Roja, Colegios Profesionales, fundaciones…), es necesario ensanchar el marco participativo.
El Gobierno de Aragón tiene la oportunidad de demostrar que atiende a las inquietudes ciudadanas, que ha oído el mensaje y sabe interpelar a toda la sociedad en la corresponsabilidad contra la desigualdad y la violencia de género.
Pilar Córdoba
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