El domingo se presentó desapacible y nublado. Con una lluvia pertinaz que nos acompañó todo el recorrido de la manifestación ciudadana, convocada por más de de cinco o seis organizaciones, en protesta contra el ICA, y de paso hacer ver al Gobierno de Lambán/Gimeno que el Impuesto de Sucesiones no se puede mantener en cifras de recaudación las más altas del país.
Paraguas y agua, paraguas y depuradoras, que no depuran porque se quedaron a medio construir, como plazas de toros destruidas por la especulación rampante en tantos pueblos de Aragón. Encargadas por políticos sin escrúpulos que vieron en la gestión del agua un negocio sucio y le hincaron el diente.
La Cámara de cuentas de Aragón estima en unos 3.000 millones lo que pretenden recaudar con el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Hay que decir alto y claro que este impuesto sirve para financiar un plan de Saneamiento y Depuración, que es en realidad una red sobredimensionada con contratos de concesión a empresas privadas cuyo objetivo no es otro que la privatización del agua, y que ha derivado en graves irregularidades y prácticas clientelistas.
El invento fue diseñado y gestionado (como tantas otras barbaridades) por el PAR de Alfredo Boné y José Ángel Biel, con el visto bueno del PSOE de Marcelino Iglesias y del PP de Luisa Fernanda Rudi. Todos estos se han ido de rositas, sin rendir cuentas a nadie; lo malo es que la intención de privatizar el agua, y tapar los agujeros que hicieron los anteriores, continúa ahora con Lambán y Gimeno pretendiendo que lo paguemos los zaragozanos con un tercer impuesto sobre el agua para seguir financiando el plan.
Este nuevo impuesto no debe sostenerse, porque por mucho que lo intenten maquillar con palabras mentirosas: “solidario con los demás”, “ecológico”, etc. lo único que perpetúa es la relación entre las empresas y los responsables políticos. Ellos saben y reconocen que “las cosas no se hicieron demasiado bien, y que a partir de ahora hay que controlar el dinero público”. Es retorcido pensar así porque cuando se cometen graves errores en la gestión pública, los responsables no deben quedar impunes.
El domingo en las calles de Zaragoza se alzaron voces para la derogación del ICA. Los ciudadanos y gobernados cumplimos como héroes soportando la lluvia constante y el frío que nos calaba hasta los huesos. Ahora les toca a los representantes más progresistas (Podemos e IU) lograr el acuerdo en las Cortes de Aragón para paralizar el cobro del ICA y aclarar todas las responsabilidades políticas penales de tanto chorizo suelto. La retirada del ICA es una buena condición para firmar los presupuestos de Aragón para 2018.
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