Mirando a Cataluña

En los próximos días se hará pública la sentencia que hayan tenido a bien redactar los magistrados que han juzgado los hechos secesionistas que tuvieron lugar hace dos años en Cataluña. Nada ha trascendido hasta el momento, no se ha producido filtración alguna. Únicamente se sabe que el presidente del Tribunal, el Juez Marchena, está haciendo ímprobos esfuerzos para conseguir un veredicto por unanimidad. De paso, también se conoce ya que los mossos parecen dispuestos a cumplir con sus obligaciones y en esta ocasión estarán dispuestos a evitar desmanes y algaradas, que nada tienen que ver con la legítimas y pacíficas muestras de disconformidad que la sentencia podría provocar entre los independentistas. Por si acaso y fuere necesario, el gobierno de la Nación está desplazando a la Comunidad de Tarradellas (mucho habrá que citar y recordar al presidente del famoso “Ja soc aquí”), más de un millar de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, por si fuere necesario echar una mano (que echar una mano no es ejercitar violencia gratuita).

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), mosca cojonera de todos los conflictos, con el concurso de grupúsculos vinculados a los CDR, ha convocado sedicentes “marchas de la libertad”, cinco columnas formadas desde distintos ámbitos de la geografía catalana que recorrerán 100 kilómetros en tres días para confluir en Barcelona. Valientes que son estas gentes, siempre dispuestos a construir la “patria catalana”, usarán para tal evento a la juventud estudiantil, que la pela es la pela y no están dispuestos a que se les quiten los salarios de tres días aunque sea por lo que ellos entienden una causa noble. Los Tsunamis andan manejando las redes sociales para poner el resto, y no cabría descartar alguna acción de corte más violento por parte de los jabalís de turno. Por su parte, Quim Torra echa leña al fuego nombrando embajadores catalanes en México, Buenos Aires y Túnez, con la rotunda oposición del Ministerio de Asuntos Exteriores, con su paisano Borrell haciendo ya las maletas para ocupar el cargo de Ministro de del ramo en la Comunidad Europea.

Se avecinan días movidos, justo cuando la campaña electoral cobra fuerza. El gobierno catalán, esas gentes de Junts per Catalunya y ERC que no han entendido que una cosa es el pueblo y las Instituciones, considerando que pueblo e instituciones son solo ellos y sus seguidores, es el gran responsable del actual desaguisado y de lo que pueda suceder. Líderes políticos obsesionados con imposibles, obnubilados por ver enemigos en todo aquel que no comparte sus criterios, tiene una oportunidad de oro llamando a la calma y al respeto con las decisiones que adopte el poder Judicial. Claro que tendrá vías para mostrar su acuerdo o desacuerdo. Pero con visión de futuro. La sentencia que se dicte debería ser el final de una época y el comienzo de otra en la que se imponga el diálogo y la razón.

Parece difícil. Pero de lo que ahora suceda depende el futuro próximo. Si como parece los resultados de las próximas elecciones no cambiarán mucho la actual situación, una actuación levantisca de ERC impedirá cualquier tipo de acuerdo o celebración con Pedro Sánchez, imposibilitado así de conformar un ejecutivo solvente que además de ser investido pudiera necesariamente gobernar sin trabas. Solamente dejarían una salida para la gobernabilidad, hacerlo con el concurso de Ciudadanos o del PP. De esta suerte, las gentes de izquierdas, la clase trabajadora, sabrá definitivamente que ERC tiene la culpa, como la tuvo de que se convocaran nuevos comicios al negarse a aprobar los presupuestos generales del Estado.

Y ya va siendo hora de que el conjunto de la ciudadanía española (muchísimos catalanes incluidos) no tenga que someterse a la ingobernabilidad por culpa del “problema” catalán. Es deseable hablar, acordar, pactar. Pero basta ya de chantajes porque cada día que pasa está aproximándonos a la necesidad de que se tomen medidas más drásticas para introducir mecanismos que impongan sentido común y permitan meter mano a los graves problemas que aquejan al conjunto de la ciudadanía española (catalanes incluidos)