Parar el golpe contra Zaragoza en Común

El Gobierno de Rajoy (espoleado por el PP zaragozano), se apresta para poner en funcionamiento la maquinaria judicial, con la finalidad de que se anulen diferentes artículos de la ley de capitalidad

El gobierno del PP se apresta a anular el “golpe” de ZeC (Zaragoza en Común) en las sociedades públicas el Ayuntamiento de Zaragoza. No se han cansado de hablar de un “golpe” que ha ido acompañado de adjetivaciones más que lamentables por parte de los ediles populares zaragozanos, a quienes han acompañado como palmeros tanto sus colegas del PSOE como de CHA.  Sabido es que la decisión tomada por el equipo del regidor Santisteve se amparaba en la Ley de Capitalidad aprobada por las Cortes de Aragón con la sola oposición de los diputados del PP. Se trataba de que la mayoría que tenían los grupos de oposición en los consejos de administración municipales puedan actuar en beneficio de los zaragozanos en lugar de empeñarse en poner continuas zanjadillas a la gestión.

En su empeño por impedir la correcta gestión y gobernabilidad de la institución municipal el Gobierno de Rajoy (espoleado por el PP zaragozano), se apresta para poner en funcionamiento la maquinaria judicial, con la finalidad de que se anulen diferentes artículos de la ley de capitalidad, fundamentalmente el  8.1, el 11.1e, el 12.2 y casi todo el 14 (competencias que puede delegar el gobierno municipal en sus miembros, otorgamiento al gobierno municipal las competencias de las juntas generales de capital 100% municipal,  atribuciones del gobierno local para hacer encomiendas de gestión, firma de convenios de colaboración en materias de competencia municipal, establecer las competencias que puede delegar el gobierno en sus miembros, oros concejales u otros órganos), además del 58.

Si llaman “golpe” a la legítima actuación del Consistorio ¿no podremos calificar con idéntica palabra a lo que pretende realizar el gobierno del PP? Llevan mucho tiempo utilizando la Justicia para solventar problemas que su incapacidad política impide resolver desde instancias que no deberían ser las judiciales. En el caso que ahora nos ocupa, al parecer existe un Acuerdo de la Comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 10/2017 sobre el Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón para iniciar negociaciones sobe las discrepancias existentes, creando un grupo de trabajo para tratar de solventarlas. No sería extraño que, al final, tenga que intervenir el Tribunal Constitucional.

Una vez más, el lío está ahí. Que el PP trate de llevar el agua a sus particulares intereses no puede sorprender a nadie. Mas que los grupos municipales del PSOE y CHA apoyen la asonada, cuando en las Cortes regionales aprobaron la ley de Capitalidad utilizada para adoptar las medidas relacionadas con las sociedades municipales, resulta cuando menos, llamativo. O el PSOE aragonés pone orden en su grupo municipal  o el electorado, más que confuso, les volverá la cara en los próximos comicios. Hay que parar el intento de “golpe” del PP, no dando ni un solo paso en el sentido de sus intereses.