La resolución de la Consejería de Educación supone un tímido avance hacia la recuperación de la educación pública de calidad en Aragón. Después de una época negra en la que el Partido Popular y el PAR se dedicaron a desmantelar sistemática e ideológicamente nuestra educación pública, poniendo en la calle a más de 2.000 profesores y cerrando más de 200 aulas (al mismo tiempo que la privada concertada no sufría ningún recorte), teníamos este año la oportunidad de revertir esta tendencia de privatización de un derecho básico y de apostar por una mejor educación pública gratuita, sin discriminación y de calidad.
Lamentablemente, una LOMCE retrógrada y ambigua que permite a los jueces conservadores dictar sentencias con sesgo político sobre el tema, combinada con la habitual timidez del PSOE a la hora de confrontar con los que prefieren privilegios que derechos, ha provocado que el avance en la protección del modelo público con esta medida haya sido apenas leve; como se deduce de comparar la resolución de la Consejería con los datos demográficos y de escolarización que proporciona el propio departamento. Gracias al papel clave que ha jugado Podemos para que esto sea así, se trata de una apuesta más decidida que la de la mayoría de las comunidades autónomas, pero también es cierto que nosotros habríamos ido más lejos que el PSOE.
La medida —y es importante decirlo porque PP, PAR y Ciudadanos no paran de mentir al respecto— se lleva a cabo respetando y garantizando todo lo que pedían ayer en la manifestación las familias, los profesores de la privada concertada, la Conferencia Episcopal y otras empresas concesionarias de conciertos: ni habrá despidos de profesores, ni se cerrarán aulas que estén funcionando en estos momentos, ni se impedirá a las familias solicitar el centro que quieran.
Además de garantizar todas estas demandas, la resolución de la Consejería de Educación permite que se dejen de subvencionar con dinero público algunas aulas vacías y duplicadas, racionalizando la oferta y frenando —aunque sea un poco— la destrucción de la educación pública de la oscura época anterior.
En las conversaciones con Podemos, también se ha puesto encima de la mesa la necesidad de aumentar la vigilancia y las sanciones para así evitar que muchos colegios privados concertados sigan incumpliendo la ley al segregar niños con necesidades especiales o al cobrar cuotas ilegales a las familias disfrazándolas de «aportaciones voluntarias», o de precios excesivos de comedor o de transporte.
Lamentamos lo tímido de la medida del PSOE, pero celebramos que sirva para estar al menos un poco más cerca de una educación pública entendida como un derecho, que garantice la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la no discriminación, la innovación docente, el buen estado de las infraestructuras y la calidad en general. Desde Podemos sabemos que una educación no mercantilizada que llegue también al medio rural (aunque allí no sea «negocio») es la única «bala de plata» para construir una sociedad más justa y la mejor inversión que Aragón puede hacer en su futuro y, por eso, seguiremos trabajando sin descanso en esa dirección.
Leave a Reply