Desde que estallara la crisis financiera en el año 2007, que provocó la crisis de la economía real (productiva de bienes y servicios), se han venido alzando voces desde diferentes sectores sociales y académicos de la sociedad de la necesidad de disponer de una banca pública que ayude a las pequeñas y medianas empresas así como a los emprendedores a la obtención de créditos agiles y asequibles con los que poder abordar nuevos proyectos empresariales, la inversión en el sistema productivo y en del la investigación y el desarrollo y que solventen las dificultades de financiación que tienen este tipo de empresas en el mercado financiero de la banca privada. Esta seria dificultad financiera es la que está poniendo en peligro, en numerosas ocasiones, la continuidad de las empresas, el mantenimiento del empleo y la dificultad de abordar nuevos proyectos empresariales que generarían nuevos empleos.
La banca pública debe ser la impulsora de la recuperación económica y del cambio del sistema productivo en España, siendo una de sus principales funciones la de proporcionar los suficientes recursos financieros a las empresas y emprendedores que no tienen acceso a las líneas de crédito de la banca privada al objeto de fomentar también la asociación de empresas que fortalezca el tejido empresarial mejorando así el avance económico y el cambio del sistema productivo español. Ahora bien, la gestión de la banca pública debería de gestionarse con criterios profesionales y no políticos.
Si bien es cierto que en la actualidad el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo del Estado, concede prestamos a las empresas para operaciones de inversión o necesidades de liquidez, estos los concede a través de la banca privada colaboradora quien al asumir el riesgo de la operación decide si otorga o no el crédito solicitado, además de cobrar al ICO por sus gestiones. A esto le llaman en el argot liberal la colaboración público-privada, que tiene guasa. Como vemos, el ICO no es una banca pública aunque asuma funciones de la misma.
Uno de los mayores errores que se han cometido en España fue la desaparición de la banca pública en el año 1999 cuyo último bastión fue Argentaria que fue privatizada mediante la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya que dio origen al actual Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
La aceptación de los principios de la libre economía de mercado no impide que el sector público pueda intervenir en la misma, de acuerdo con la Constitución española, que en su artículo 128, punto 2, dice: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, especialmente en casos de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
El que en España pudiera existir una banca pública no debería de ser una opción ideológica, de izquierdas o de derechas, debería de ser una opción de sentido común que beneficiase al conjunto de los españoles. La banca pública siempre ha tenido el objetivo de intentar cubrir los espacios vacios que se producen en la distribución del crédito por la banca privada y por otra parte, alcanzar los objetivos políticos de orden social y económico que la banca privada, como entidades de carácter lucrativo, no incluyen entre sus objetivos de negocio al regirse por el principio de coste-beneficio privado.
Si en España ya ha existido la banca pública, y considerando que en otros países europeos existen bancos públicos como en Francia, Noruega o Alemania ¿Por qué en España no puede existir banca pública cuando el Gobierno dispone de la mayoría de las acciones de los bancos que ha salvado de la quiebra?.
Una banca pública en España se puede crear nacionalizando los bancos y cajas de ahorros a los que el Estado ha inyectado dinero público. Los bancos y las cajas de ahorros han recibido ayudas públicas en conceptos de capital, avales, compra de títulos, esquemas de protección de activos, garantías ofrecidas por el FROB, créditos fiscales, adquisición de activos y participación en el SAREB, entre otras ayudas.
Por otra parte, no podemos consentir que la banca privada compre a precio de saldo los bancos y cajas de ahorros a los que el Estado ha salvado de la quiebra con ayudas de dinero público para su política de concentración bancaria.
La privatización de Caixa Catalunya ya supuso la pérdida para el Estado de más de 12.000 millones de euros y otro tanto puede ocurrir con la privatización de Bankia.
Por ello, y por sentido común, debemos de exigir a los poderes públicos la creación de una banca pública al servicio de la recuperación económica y de la creación de empleo, porque es factible y es posible.
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